El Govern no debe arredrarse ante otro juicio paralelo

El Govern ha actuado raudo y veloz destituyendo al gerente de la empresa pública del IBITEC tras conocerse la apertura de juicio oral contra este alto cargo por unos hechos aún por esclarecer que incluirían una tentativa de beso robado a una desconocida y un forcejeo con un policía nacional. El vicepresidente del Govern, culpable in eligendo del gerente, ya ha asumido las pertinentes responsabilidades políticas con el cese del gerente al que creyó hace unos meses cuando le aseguró que los hechos denunciados no tenían mayor trascendencia y que la causa se archivaría. Un cargo de confianza que ha dejado de merecerla y que por eso ha sido destituido de forma fulminante tras conocerse que la denuncia tenía más visos de verosimilitud de lo que se creía en principio.

La izquierda balear y mediática, no obstante, quiere ir mucho más allá y, tirando por elevación, pretende cobrarse también la testa del vicepresidente Toni Costa, lo que convierte un caso a todas luces menor y que nada tiene que ver con la gestión del IBITEC en una auténtica cacería contra el Govern de Marga Prohens, arramblando con el más mínimo sentido común, cualquier sentido de la proporcionalidad y cualquier atisbo de presunción de inocencia del acusado que, como hemos señalado, ya ha sido debidamente cesado.

Conviene recordar que el Partido Popular ha sido una formación tremendamente castigada en Baleares por un sinfín de juicios paralelos amplificados por la prensa con la cooperación necesaria de filtraciones que misteriosamente se han escurrido del secreto de sumario. Muchos de estos casos han terminado en nada o en muy poca cosa cuando se han resuelto en los juzgados, de ahí que, pese al ruido y la furia, convenga no dejarse arredrar por estas furibundas campañas y ser mucho más prudentes y cautelosos a la hora de asumir patéticas autoinculpaciones. El Partido Popular no debería caer en el error de dejarse llevar por el pánico moral al que tan aficionado es el PSOE cuando, con la ayuda de filtraciones, periodistas y jueces poco independientes, trata de criminalizarlo en juicios paralelos que alcanzan el paroxismo.

La presunción de inocencia es un principio sagrado en los regímenes demoliberales y de momento el investigado ni siquiera ha tenido la oportunidad de defenderse. Otro principio sagrado del Estado de Derecho es la separación de poderes, exactamente la independencia del poder judicial al que los socialistas no sólo aspiran a someter para, una vez bajo control, resguardarse de sus tropelías sino también condicionarlo a través de juicios paralelos. Es la Justicia la que debe impartir justicia con todas las garantías para el acusado, no las asambleas legislativas entrometiéndose indirectamente en causas judiciales creando estados de histeria colectiva, máxime cuando estas causas son personales y ajenas a las administraciones públicas.

Resulta chocante comprobar una vez más la hipocresía y la escandalosa vara de medir de una izquierda que se autoamnistía cuando la corrupción le afecta a sí misma, como vimos con el escándalo de las menores tuteladas -donde no sólo fueron destituidos sus responsables sino promocionados- o la desafortunada noche de copas de Francina Armengol durante el confinamiento.

Estas vergonzosas autoexculpaciones en las que ni siquiera asume responsabilidad política alguna no impide a los socialistas lanzarse flamígeros y como si no hubiera un mañana contra fechorías de importancia relativa mucho menor cuando las comete la derecha, como lo son aparcar el coche en un aparcamiento indebido, incurrir en una incompatibilidad al no haber regularizado a tiempo su nueva condición de cargo público, no utilizar el lenguaje políticamente correcto o un caso como el que nos ocupa que ni siquiera tiene ninguna relación con la gestión del Govern. Al PSOE todas las fechorías de la derecha, por menores que sean, le parecen de «una gravedad enorme» pero no lo es, a su juicio, hablando de forcejeos con policías nacionales, amnistiar a terroristas callejeros acusados de desórdenes públicos que han dejado inválidos a policías nacionales.

Capítulo aparte merecen los puritanos de Més per Mallorca que se atreven a pedir más dimisiones cuando la semana pasada, la ex vicepresidente del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Joana Lluïsa Mascaró, tras salir condenada por la puerta del juzgado de la Audiencia Provincial por haber subvencionado irregularmente a una entidad separatista, no tenía empacho en declararse ante las cámaras inocente de los hechos que ella misma había confesado minutos antes en un pacto de conformidad. Incluso los corruptos confesos y condenados en sentencia firme de Més per Mallorca se sienten y proclaman inocentes, como para dar lecciones a los demás y culpabilizar a alguien que no ha sido siquiera juzgado.