Exhumando tumbas y reabriendo trincheras

Desde su formación en enero pasado, tenemos el Gobierno más concurrido de la historia de España, lo cual, por cierto, parece poco apropiado y sobre todo nada ejemplar para un momento de austeridad forzada como el que vivimos.

Realmente, Sánchez e Iglesias podrían quejarse de que no han tenido apenas tiempo de gobernar con normalidad, pero no de hacerlo con especial comodidad. Es así porque con ellos llegó la declaración del estado de alarma y, ante el atropello legislativo al que nos vienen sometiendo desde el comienzo de su andadura, la gente no puede manifestarse, reunirse normalmente, ni tan siquiera gritar o cantar en la calle.

El actual Frente Popular gubernamental -no olvidemos que es una coalición política de composición similar a la que accedió al gobierno en febrero de 1936 mediante pucherazo electoral- parece aplicar la máxima de que «no hay mal que por bien no venga», y ha puesto el pie en el acelerador legislativo para avanzar en su proyecto «transformador» de la sociedad. Están ahí para acreditarlo sus  últimas grandes conquistas: la Ley Celaá de educación y la ley de la eutanasia, mientras se otea en el horizonte la Memoria Democrática de Calvo.

En efecto, esta agenda legislativa supone un gran avance en la transformación de la sociedad, pero en dirección opuesta al bien común: como los hijos no son de los padres, sino de Celaá, ella se encarga de su educación; y con la eutanasia Illa se ocupa de los padres y abuelos cuando el coronavirus se lo permite. Para cubrir el tiempo libre que queda, Calvo nos democratiza y refresca la memoria, por cuanto «como país tenemos muchas deudas pendientes con nuestra historia democrática». Para saldarlas, ha afirmado que va a abrir «varias líneas de trabajo» en cuanto su democrática ley esté aprobada por las Cortes.

Y así, tras la expropiación a la familia  de los restos mortales de Franco, con retransmisión televisiva propia de las grandes ocasiones, le ha seguido la expropiación del Pazo de Meirás, escenificada en una actuación teatral  de la abogada del Gobierno -que no del Estado- y la señora juez de instrucción, que causa bochorno general por el atentado que representa para la independencia judicial y el Estado democrático y de Derecho. Todo ello en escasamente un año, como Calvo triunfalmente nos ha recordado.

Ahora la ministra de la Memoria Democrática nos anuncia otra exhumación, en este caso la de Azaña, para que repose en España «dignamente». Esto de ir abriendo y cerrando tumbas, es una manera singular de ir saldando cuentas de presuntas deudas democráticas en nombre de nuestra memoria, sobre todo cuando en este año del actual Gobierno,  no sabemos cuántos compatriotas han fallecido pese a su espléndida gestión sanitaria de la pandemia, ni visto ni uno de los ataúdes con sus restos. Debe ser que su Democrática Memoria sólo afecta a ochenta o cincuenta años atrás, y no a lo que sucede ahora con ellos.

Espero que la señora Calvo nos explique qué han estado haciendo durante los últimos cuarenta años los Gobiernos anteriores, más de la mitad de ellos del PSOE, incluido aquél del que ella misma formó parte. También cómo han mantenido dormida nuestra memoria colectiva  sin exhumar tumbas con las que «saldar nuestras cuentas con la historia y la democracia» -Calvo dixit-.

Así que quizás será más útil y sencillo que nos responda a la pregunta de cuántas personas han muerto ignoradas y ocultadas por el Gobierno de su digna vicepresidencia en el presente año. Creo que ésta sería una interesante «línea de actuación», antes que destinar decenas de miles de euros a levantar cunetas y destrozar la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos intentando localizar y exhumar restos que ahí descansan.

Seguro que en estos momentos Azaña y los miles de caídos de la Guerra Civil, desean que les deje descansar en paz, en lugar de ser políticamente utilizados para reabrir trincheras y volver a provocar una lucha fratricida entre los españoles.