El estado procesal del sanchismo y la prevalencia del mal

Como vivimos presos de la rabiosa actualidad (¡un sintagma imbatible!), el foco se trasladó oportunamente a Roma para seguir el cambio en el sillón de (san) Pedro, o literalmente se apagó el día 28 de abril por causas que los expertos conocen, los ciudadanos intuimos y el Gobierno pretenden obviar. Pero cerrados esos paréntesis, no hay más remedio que volver a la situación procesal del sanchismo, que va camino de ser (el proceso penal, digo) el protagonista de la XV legislatura de nuestra democracia. El Gobierno, desde la propia investidura de su presidente, se hizo factible a partir de una amnistía que interrumpió la fase punitiva del procedimiento penal del golpe secesionista; y eso debió resultar premonitorio, porque desde entonces no hemos salido del juzgado más que para atender guerras y catástrofes, obituarios y efemérides, y entronizaciones, como la de Trump o la de León XIV.

Pues eso, ya con luz, terminada la sede vacante en el Vaticano y hastiados de la Yenka arancelaria de Trump, no hay más excusas para no ponerse al día con la crónica de los tribunales.

El caso de David Sánchez, aunque fue el último en echar a andar (fue en junio de 2025 cuando la juez Biedma abrió diligencias contra el hermanísimo como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias), está cerca de terminar su fase de instrucción. Ya hay un auto de procesamiento y, si no prosperan los anunciados recursos de reforma o de apelación, se abrirá juicio oral y hasta una vez que los acusados ​​se puedan sentar en el banquillo.

La causa contra el fiscal general del Estado, instruida en el Tribunal Supremo por el magistrado Ángel Hurtado, va camino de enquistarse. Aunque las conversaciones y los escritos -formales e informales- evidencian el inaceptable comportamiento de García Ortiz al encarnizado linchamiento del novio de Díaz Ayuso, parece que no será posible probar (aunque nadie dude de su responsabilidad) que él incurrió directamente en el delito de revelación de secretos. Es posible que en el medio plazo tengamos un auto de sobreseimiento en el que, eso sí, se repruebe la conducta obstruccionista del fiscal general y el que haya impedido que la Fiscalía ejerza su función acusatoria.

El juez Peinado es el que está más solo en su Juzgado de Instrucción; un caso que parecía sencillo, pero que se complica al desarrollarse en el mismo núcleo del régimen sanchista. Las evidencias contra Begoña Gómez y contra alguno más de los empleados monclovitas son claras e inapelables, y, por esa parte, no debería demorarse mucho un procesamiento por tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Lo que ocurre es que el juez quizás esté complicándose por exceso de celo; y es lógico, porque en ese nido de nepotismo, corruptelas y abusos de poder va encontrando muchos hilos que le llevan a la madeja misma de la trama Koldo-Aldama-Ábalos.

Y es esa trama del exvicepresidente la que va a trascender a todo: a los actores iniciales, al partido socialista y al tiempo de la propia legislatura. Lo que empezó con el cobro de comisiones por la compra de mascarillas tiene ahora tantas ramificaciones e implicados (personas e instituciones) que se presume una larga instrucción en la que probablemente se irán abriendo piezas separadas. Y es que, de la malversación y el cobro ilegal de comisiones, hemos pasado al cohecho, la corrupción en los negocios, la organización criminal, el blanqueo de capitales con cuentas en el extranjero, y hasta el tráfico de influencias en un marco de explotación sexual y prostitución.

En definitiva, los procesos penales van avanzando y la justicia, que es lenta pero implacable, irá, en el medio plazo, poniendo en su sitio a cada uno de los afectados, unos más al sol y otros más a la sombra. Sin embargo, y aunque se evidencia que Pedro Sánchez, cuando menos, conoció el alcance y método de las diferentes tramas, las implicaciones para el régimen y para su mantenimiento en el poder serán muy tangenciales. ¡Es la consecuencia ya la vez la ventaja de haber derogado la responsabilidad política!

Ya ni siquiera se puede contar con los daños colaterales o con el deterioro de la imagen ante la opinión pública. Con el correspondiente relato será un mérito la purga de Ábalos y no parecerá reprobable el ayudar a que encuentre trabajo un hermano pequeño oa que una esposa pueda desempeñarse profesionalmente con actividades tan plausibles como el desarrollo sostenible de las empresas en un entorno feminista y ecológico. ¡Ay, cuánto cuesta por eso confiar en que se cumplan esas primeras palabras del nuevo Papa: el mal no prevalecerá!