Al final, como era lógico, el consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, del PP, presentó su dimisión forzado por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, después de que cometiera la desfachatez de vacunarse argumentando que aunque no era personal sanitario que trabajaba en primera línea, su condición de médico le facultaba para tomar esa decisión. Surrealista defensa que, al final, no le ha valido para permanecer en el cargo. Por una elemental cuestión de dignidad y moralidad política, su salida del Gobierno murciano era la única posible. De modo que ha pagado cara su irresponsabilidad. Era la única forma de asumir su estupidez. Defenestrado Villegas por saltarse el protocolo -algo inaceptable en un cargo público-, las miradas vuelven a situarse sobre los cuatro alcaldes jetas del PSOE que hicieron lo mismo que el consejero de Sanidad murciano: vacunarse saltándose el protocolo con el pueril argumento de que había dosis «sobrantes». Los que sobran son ellos. Es verdad que el PSOE les ha abierto expediente y suspendido de militancia, pero, a diferencia de Villegas, siguen en sus puestos al frente de sus respectivas alcaldías. Ya están tardando Fran López, alcalde de Rafelbunyol; José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos; Ximo Coll, de El Verger; Carolina Vives, de Els Poblets, y Francisca Alamillo, de Torrecampo, en abandonar sus cargos.
La secular hipocresía de la izquierda y su doble vara de medir alcanza un nuevo hito. Se ha movilizado por tierra, mar y aire pidiendo la dimisión del consejero murciano de Sanidad, pero guarda un silencio cómplice sobre la permanencia en sus puestos de los cinco alcaldes del PSOE. Y no vale justificarse con el argumento de que han sido expedientados -faltaría más-, sino que el socialismo está en la obligación de arbitrar las medidas necesarias para sacarlos de la alcaldía. Igual que ha hecho el presidente murciano para forzar la renuncia de su consejero de Sanidad. Eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio debe ser muy progresista.
