El dilema

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El Palacio de la Zarzuela se podría enfrentar a medio plazo a un dilema crucial si el Gobierno de España sigue adelante con su propósito de aprobar un indulto parcial a los políticos del procés, encarcelados en la actualidad en prisiones catalanas. Está claro, desde un punto de vista constitucional, que el Jefe del Estado tiene que estampar su firma al pie de una decisión gubernamental como ésa. Pero también es nítido y claro que aunque Felipe VI no se haya pronunciado nunca en público sobre esa delicada cuestión, no es esperable o previsible que lo haga. Menos aún, antes de que el Consejo de Ministros decida seguir adelante con una decisión de tan hondo calado político y que ha suscitado un debate muy intenso en el Congreso de los Diputados, en los medios de comunicación y en la ciudadanía.

Nadie cree que la persona que es el “Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” pueda estar de acuerdo con la decisión del Gobierno de otorgar una medida de gracia a los dirigentes independentistas que no cumplieron las leyes que nos obligan a todos. Sobre todo, después de constatar en su intervención del día 3 de octubre que lo que había que hacer para reconducir la situación de vacío legal creada por los separatistas era dejar que actuaran los poderes del Estado para volver a la legalidad en la Comunidad catalana.

Por el momento, en el Palacio de la Zarzuela siguen remitiendo a lo que significa la firma del Monarca, según la Carta Magna: el Rey es el último fedatario de que los procedimientos legales se cumplen con las leyes y eso es lo que ratifica el nombre, título y rúbrica del Jefe del Estado al pie de cualquier disposición legal. En ningún caso, según fuentes de la Casa de S.M. el Rey, Felipe VI puede entrar a valorar los contenidos. Eso no cabe, en ningún momento ni circunstancia, dentro de sus competencias constitucionales que el actual Jefe del Estado no está dispuesto a saltarse por motivo alguno.

Su afirmación, el día 19 de junio de 2014, en su primer discurso como Monarca de que él era el primer Rey constitucional y como tal iba a actuar siempre, fue uno de los ejes de su hoja de ruta al ser proclamado primera autoridad de la nación española. Sin embargo, en casos como el del posible indulto gubernamental a los presos independentistas catalanes, aunque él no se pueda cuestionar cuál es su obligación ni entrar a valorar los contenidos de la decisión del Consejo de Ministros, habrá personas de la sociedad española que no acabarán de entender que el Rey tenga que ratificar la decisión del Gobierno aunque en el fondo pudiera estar en desacuerdo con su contenido. Pero esas son las reglas del Estado de derecho y por tanto, para Don Felipe son asuntos que hay que aceptar como una parte más de lo que significa ser un monarca constitucional en un país en que la que soberanía pertenece al pueblo.

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