Descubierto el fraude electoral, ahora hay que perseguir judicialmente a los responsables

Con independencia de que de 163.355 nacionalizados, al amparo de la Ley de Nietos, sólo puedan votar 901, al comprobarse que el proceso se hizo en fraude de ley, al no requerírseles a los demandantes que acreditaran el exilio de sus antepasados, hay otra derivada de enorme trascendencia y que va mucho más allá del voto. Y es que este Gobierno ha concedido 600.700 nacionalidades, es decir, que ha convertido en españoles a centenares de miles de personas de espaldas a la ley.

O sea que, por un lado, estamos delante de un gigantesco fraude electoral que, si no se ha consumado, es porque el Tribunal Supremo intervino a tiempo. Pero también ante un fraude en la adquisición de la ciudadanía del que deberán responder penalmente los responsables, empezando por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes. Porque su actuación se parece mucho a un delito de prevaricación.

Nos hemos quedado, lógicamente, con el escándalo que supone que el Gobierno de Pedro Sánchez tratara de colar de manera ilegal en el censo a centenares de miles de falsos españoles, sin reparar en que no es menos grave que a esas centenares de miles de personas se les diera la nacionalidad española en un palmario fraude de ley.

OKDIARIO ha venido advirtiendo en los últimos años del descomunal pucherazo que tramaba el Gobierno y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. En cualquier democracia mínimamente aseada, lo ocurrido se habría llevado por delante al Ejecutivo por tratar de alterar el resultado de los comicios, pero en España, quienes han venido denunciando el fraude, como este periódico, han sido acusados por el Gobierno de tratar de impedir un derecho fundamental como es el voto. El colmo del cinismo.

Al final, el Gobierno ha quedado retratado. Ni la inmensa mayoría de demandantes de la nacionalidad tenían derecho a la misma, ni, por supuesto, tenían derecho al voto.