Dejemos a los jueces hacer su trabajo…

El Poder Judicial debe estar libre de injerencias. Porque los jueces deben poder hacer su trabajo sin la intromisión de ninguno de los otros dos poderes -el legislativo y el judicial-. Se trata de uno de los principios básicos de la separación de poderes defendida por Montesquieu y que, por desgracia, no siempre se ha respetado en nuestro país.

Y es más que probable que las palabras lanzadas este pasado lunes por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hayan invadido el ámbito de la Justicia desde el área del poder Ejecutivo. Porque afirmar desde el cargo de ministro del área de Justicia que “el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado preventivamente contra el magistrado que elevó el voto particular» de la sentencia de la Manada pidiendo la absolución de los violadores no parece ser, desde luego, la mejor manera de defender esa necesaria órbita de aislamiento de cada poder para evitar la anulación del ejercicio de contrapoderes necesario en toda democracia.

El ministro Catalá ha ido más allá en sus palabras y ha añadido que “todos en la carrera saben que [el magistrado González, autor del citado voto particular] tiene un problema singular y la labor del Consejo es ver si está en plenas facultades para ejercer su labor».  E incluso ha entrado a valorar el voto particular afirmando que recoge «expresiones y consideraciones impropias de un voto particular”.

El ministro es jurista. Y defensor en su momento de una de las reformas que el PP nunca ha llegado a ejecutar pese a haberlo prometido en infinidad de ocasiones -tanto en la era Aznar como en la actual-: la reforma del Poder Judicial para garantizar la verdadera despolitización del CGPJ y el consiguiente reforzamiento de la independencia de los jueces españoles. Y, por todo ello, debería haber entendido que sus palabras no han sido especialmente afortunadas, que el CGPJ tiene que tener las manos libres para actuar sin la presión de ningún cargo del Gobierno. En especial del ministro de Justicia.