Una cuestión de periodismo profesional

Hay en los últimos tiempos una tendencia en el mundo de la información a
sacralizar la denuncia y la crítica acerba como formas únicas de que el ejercicio del periodismo sea válido, y a denostar de una forma absoluta la elaboración de noticias que sean positivas y que, por el hecho de serlo, ya no merecen ser tenidas en cuenta. Consecuentemente, al informador que hace la descalificación más feroz del personaje protagonista de la noticia se le eleva a los altares como el más auténtico y osado de su profesión. Y, por el contrario, al que se atreve a señalar aspectos positivos de la personalidad y del currículum de otro, se le critica con absoluto desprecio y se descalifica su labor profesional con los calificativos más vejatorios.

El caso más fehaciente de lo anterior es todo lo concerniente en los últimos tiempos a la Casa Real española, a los integrantes de la institución de la monarquía y muy especialmente a las medidas tomadas últimamente para adaptarse a los tiempos actuales y ofrecer una actuación transparente, honesta y ejemplar de los que forman parte de ella. Da igual que personas con un bagaje profesional de peso, que han estudiado las normas que rigen a las otras Casas Reales occidentales, afirmen que la transparencia que practica ahora la Casa de Su Majestad el Rey es la más avanzada. Eso es negado por los adalides que se creen depositarios de la verdad absoluta con vehemencia, que acusan a los que expresan y comunican esa información que es imposible que lo que publican sea cierto. Rechazan que los esfuerzos del monarca sean apenas útiles o directamente, afirman que no sirven para nada, niegan su oportunidad y la intención de mejorar por parte del Palacio de la Zarzuela y, por supuesto, manifiestan sin más análisis que todo es un lavado de cara que no va a conseguir su objetivo.

No sirve, por supuesto, que algunos que tienen razones profesionales para
conocer más a fondo la voluntad del nuevo rey de mejorar en todo para hacer una renovación a fondo de la institución de la Corona desde el primer día de la proclamación, demuestren que son normas escritas y aplicables a todos los que trabajan dentro del Palacio de la Zarzuela. Lo que se persigue es el desprestigio de la primera institución del Estado, así como la siembra de la desconfianza entre la ciudadanía. Tan es así la cosa, que hay pocos periodistas que se atrevan a afirmar de formar rotunda que el reciente decreto ley aprobado por el Gobierno, consensuado por los dos principales partidos políticos parlamentarios, es un enorme paso adelante en la trayectoria del actual jefe del Estado. Aunque haya que buscarlos con lupa en los medios de comunicación y haya que desgañitarse en los medios audiovisuales para hacer valer su oportuna aprobación.