La crisis de la vivienda: una propuesta de solución

El CIS publicado la semana pasada, además de los datos electorales que siempre gozan de mayor “visibilidad” pública, ofrecía otros datos sumamente interesantes en relación al problema de la vivienda: el 81,8% de los españoles prefiere una vivienda en propiedad a vivir de alquiler (12,9%). Además, el 45% de los ciudadanos que vive de alquiler asegura que el principal motivo de su situación es que no tenía ingresos suficientes para comprar una vivienda.

Estos datos se publican después de que, días atrás, supimos que el número de contratos de alquiler desde la entrada en vigor del Decretazo 7/2019 ha caído un 7,8%. Menos oferta, precios más caros: la reforma llevada a cabo por el Decretazo convalidado como ley por el PSOE y sus socios en pre- campaña está logrando el objetivo contrario al que decía perseguir.

La solución a esta crisis de la vivienda está, naturalmente, en favorecer más el acceso a la propiedad para reducir el número de inquilinos. Sin embargo, la propaganda socialista sólo habla de crear “alquiler social”, una solución que rara vez absorbe más del 2% de la demanda. Pero, además de esta solución, hay que aumentar la oferta de pisos en alquiler para que baje el precio. Para ello está demostrado que aumentar la libertad de pactos es lo mejor, pues se adapta a situaciones más variadas. La reforma 7/2019, sin embargo, introduce restricciones: aumentando de 3 a 5 los años de prórroga forzosa y estableciendo que el arrendador sólo podrá resolver el contrato por necesitar la vivienda para sí mismo si hizo constar esta necesidad al firmar el contrato (cuando con la ley anterior se podía manifestar esta necesidad durante la vida del contrato). Es decir, que si un matrimonio alquila y a lo largo de los cinco años siguientes se les casa un hijo, o se quieren ir a vivir a la casa alquilada, se tienen que esperar a que pasen los cinco años. Resultado: la gente no alquila.

Como se comprende bien que una nueva reforma no va a revertir estas restricciones, que por otra parte buscaban dar estabilidad a los contratos de acuerdo con los expertos, propongo otra solución:  La nueva ley ha recuperado el concepto de vivienda lujosa: si la vivienda alquilada tiene más de 300 metros cuadrados o la renta inicial en cómputo anual supera 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (es decir, 4950€ de renta mensual), el arrendamiento se puede pactar por un tiempo libre.

Propuesta: ¿por qué no extender esta libertad a más casos que esos? Es evidente que muchos arrendamientos, sin ser de viviendas tan grandes y sin superar los 4950€ de renta mensual, son todo un lujo. Quien paga por ejemplo 1000€ al mes por un apartamento de un dormitorio (y de esto hay mucho en las grandes ciudades) está en unas condiciones superiores a la media. Si hiciésemos una nueva definición de los arrendamientos de lujo más realista (por ejemplo: cuando la renta supere un precio por metro cuadrado, con independencia del tamaño de la vivienda), y extendiésemos la libertad de pactos a todos esos arrendamientos, aumentaría el número de pisos disponibles en el segmento alto, y ello repercutiría en el conjunto al haber más oferta.

En cualquier caso, lo que no se puede es decir que el problema es la especulación, contribuir a ella generando más escasez, y luego demandar un alquiler social sin tocar el resto del problema. Hay que dar soluciones creativas. Y la actual clase política está demasiado ocupada en sus tácticas electoralistas mientras la vivienda está en grave crisis.

• Diego Vigil de Quiñones Otero es Registrador de la Propiedad y miembro del act-tank Qveremos.