A la censura el Gobierno la llama ahora «alfabetización mediática»

Planteado así, lo de la «alfabetización mediática» que ha propuesto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para combatir la «erosión» del Gobierno de Pedro Sánchez suena a censura envuelta en papel celofán. Bolaños alerta de una «avalancha» de noticias que, a su juicio, pretenden «erosionar gobiernos democráticos en Europa» y propone trabajar para que «los ciudadanos sepan cómo diferenciar la desinformación, y que los poderes públicos y los medios tengan herramientas para llevarlo a cabo».

Estamos en lo siempre: en el control de los medios de comunicación, que es la vieja aspiración de un Ejecutivo cada vez más reñido con la libertad. Porque, ¿quién determina lo que es desinformación y qué papel juegan los poderes públicos para combatir lo que Bolaños califica de mentiras? Esa es la clave: en las sociedades libres, los medios de comunicación están sujetos, como no podía ser de otra manera, a la ley. Y son los jueces los que determinan si, en el legítimo ejercicio de su derecho constitucional a informar, los medios de comunicación se exceden o no de los límites que marca la ley. Así es en todas las democracias. Lo que Bolaños propone es otra cosa, mucho más inquietante: en su objetivo de acabar con la desinformación, ¿qué herramientas utilizarán los poderes públicos?

Eso de la «alfabetización mediática» suena a mordaza. En las sociedades libres, los ciudadanos no necesitan ser «alfabetizados» por los poderes públicos para distinguir la verdad de la mentira en los medios de comunicación. Un ejemplo: si un medio ofrece al lector una relación prolija y detallada de todas las mentiras de Pedro Sánchez -daría para un serial-, para el Gobierno socialcomunista eso sería «desinformación para erosionar al Ejecutivo». Y, según Bolaños, los poderes públicos -o sea, el Gobierno- podrían utilizar herramientas para evitarlo. Al final, eufemismos aparte, estamos en lo de siempre: en la censura de toda la vida. Ahora la llaman «alfabetización mediática».