La ‘casta’ de los jueces superhéroes

El Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial publicado anualmente por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos indica que a 1 de enero de 2025 el 58% de los jueces y magistrados en activo son mujeres y este porcentaje va aumentando notablemente ya que las nuevas incorporaciones a la carrera judicial son muy mayoritariamente mujeres, rozando casi el 70% entre los menores de 40 años y casi el 65% entre los de menos de 60 años. Si bien en las presidencias de salas de los tribunales superiores de justicia, donde la edad media se sitúa en 65 años, con 37 años de antigüedad, las mujeres sólo son mayoría en las salas de lo social, mientras que en las de lo civil y penal apenas representan un 16%; algo que indudablemente va a cambiar notablemente en los próximos 5 años.

Según las estadísticas del CGPJ, la mitad de los jueces son hijos de padres que, o bien no tienen estudios superiores o bien sólo uno de ellos es universitario, siendo un tercio del total aquellos que ninguno de sus padres pasó por la universidad. Además, apenas un 7% del total son hijos de jueces. Del total de jueces y magistrados españoles, la mayoría (50,1%) o no pertenece a ninguna asociación profesional (42,04%), o está afiliado a una con ideología de izquierdas (8,06%). Por tanto, la radiografía del típico juez español se corresponde con una mujer, nacida después de la muerte de Franco, no adscrita a ninguna ideología, de clase media y sin padres jueces, que podría ser perfectamente la juez Beatriz Biedma que acaba de sentar en el banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez y al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, más conocido por Aforeitor.

No. Los jueces españoles ni son franquistas, ni pertenecen a ninguna casta endogámica -cosa que no puede decirse de los políticos socialistas, muchísimos de ellos hijos de políticos franquistas-, ni son machistas, ni pertenecen a ninguna élite de millonarios, ni ninguna de las estúpidas milongas que estos días estamos escuchando de toda la progrez sanchista que infecta la radiotelevisión pública y sus subvencionados panfletos digitales. En el modelo de democracias bananeras que le gusta a la izquierda, son los tiranos comunistas los que quitan y ponen a los jueces, pero en España ni Pedro Sánchez ni su ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo han conseguido aún, aunque se siguen esforzando en llevarnos a ese precipicio de tan difícil salida. Aquí, no. Es mentira. No existe esa oposición política, mediática y judicial que pretenda dar un golpe de Estado contra el demócrata Pedro Sánchez, como se atreve a decir un desquiciado Gabriel Rufián, amparado por su inmunidad parlamentaria.

Es justo al contrario. Son ellos, la izquierda en el poder, quienes pretenden llenar los tribunales de jueces y fiscales afines de forma que el 25% de los nuevos jueces y fiscales lleguen al puesto a dedo, por el llamado cuarto turno y no por oposición. El líder del PSOE en Extremadura, Aforeitor Gallado decía ayer ante los micrófonos que estaba «enfadado» porque le parece «muy grave inmiscuirse en las decisiones de un partido político», y acusaba a la juez Biedma de «extralimitarse» en sus funciones, por atreverse a juzgarle a él al indicar que el Tribunal Superior de Extremadura debe investigar si su veloz aforamiento no se hizo en «fraude de ley», para el que fueron precisas 5 renuncias a la velocidad de la luz, llevadas a cabo a la vez, el mismo día y ante el mismo notario. «La ley nunca puede ser fraude de ley», dice Aforeitor, escandalizado de que haya jueces que se atrevan a juzgar a un político.

En este entorno tan hostil en el que el poder más absoluto es ejercido por la extrema izquierda más radical con una total desvergüenza, siguiendo el modelo de su líder Pedro Sánchez, la juez Biedma sólo pertenece a la casta de los superhéroes que llevan su honestidad profesional más allá de lo que se le puede exigir a alguien que nada más que cobra un sueldo de funcionaria.