Sánchez acelera 3 leyes para asegurarse jueces afines y controlar las causas por corrupción que le cercan

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para materializar su control del Poder Judicial a través de un paquete legislativo que pretende aprobar a lo largo de este año. Los ataques desde el Ejecutivo hacia los jueces han sido una constante en los últimos meses, especialmente a raíz de los casos de corrupción que cercan al entorno personal y político de Pedro Sánchez.

El adelanto del Plan Normativo para 2025, al que ha tenido acceso OKDIARIO, perfila este intento del Gobierno de asaltar la Justicia a través de varios proyectos legislativos, como la modificación de la Ley del Poder judicial, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea.

La instrucción para los fiscales

En el dosier, el Gobierno no oculta que su intención es entregar la instrucción de las causas penales a los fiscales justificándolo en la adaptación de «nuestro modelo procesal penal al de los países de nuestro entorno». El objetivo buscado, según se asegura, es «modernizar y actualizar la regulación del proceso penal, con el fin de impulsar un modelo constitucional de Justicia que descanse en la protección de los derechos fundamentales».

En definitiva, se pretende pasar a la Fiscalía la instrucción de las causas que ahora están en manos de los jueces.

El Ejecutivo recoge también la aprobación definitiva de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Esta ley modifica el sistema de acceso a la carrera judicial, lo que permitirá al Gobierno contar con más jueces y fiscales afines, permitiendo que profesionales «de reconocido prestigio» pero sin carrera judicial accedan a esos puestos y asegurándose el control de las salas de gobierno de los magistrados con miembros alineados con el Ejecutivo.

Acceso a la carrera

Así, en el Plan Anual se detalla que «la primera finalidad que persigue esta ley es potenciar la excelencia de las personas que accedan a las carreras judicial y fiscal profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos, en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica, así como en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país».

«Para alcanzar este objetivo resulta preciso, en primer lugar, introducir modificaciones en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que lo configuren como un verdadero centro público de preparación de los procesos de acceso a las carreras judicial y fiscal». De esta forma, dice el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en manos de Félix Bolaños, «se garantizará la diversidad de las personas que accedan y la igualdad de oportunidades entre ellas, con independencia de su situación económica».

Según el Gobierno, «transcurridos cuarenta años desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, surgen nuevas necesidades que es necesario atender para asegurar la adecuación de la estructura y el trabajo de los miembros del Poder Judicial a las realidades del Estado social y democrático de Derecho». «Son necesidades que se derivan de las transformaciones que ha experimentado la sociedad y el entorno jurídico en las últimas décadas y que tienen que ver con la preparación, la estructura y los valores de la carrera judicial, y que se aprecian igualmente a la carrera fiscal».

El Gobierno también planea un real decreto para el desarrollo de la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde enero. Una ley muy polémica y criticada por los jueces.

«Permite dotar de agilidad a los juzgados para que se puedan destinar más recursos a resolver con mayor rapidez procedimientos judiciales», presumió Bolaños durante su aprobación. Su propósito es que existan medidas alternativas para la «resolución de conflictos» y que estos no lleguen a los tribunales.

Ataques a los jueces

Los reiterados ataques desde el Gobierno a los jueces que instruyen las distintas causas que afectan particularmente a Pedro Sánchez, como el caso Begoña Gómez, han alertado a la Unión Europea.

En el último informe sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea expresa su «preocupación» por la «presión indebida» que suponen determinadas declaraciones de miembros del Ejecutivo.

«En unos pocos Estados miembros existe preocupación por una presión indebida sobre el poder judicial por parte de políticos o del nivel ejecutivo, y también hay evidencia de presiones provenientes de terceros países. El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la opinión pública. La confianza en la independencia judicial ha generado preocupación en Eslovaquia, Italia y España», se recoge en concreto. Bruselas destaca las «declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al Poder Judicial».