El Gobierno no podrá sacar adelante el Plan Nacional de Atención Primaria al no aprobar los Presupuestos

La incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para alcanzar un acuerdo político con las fuerzas parlamentarias ha dejado en el aire las perspectivas de crecimiento y la posibilidad de llevar a cabo reformas fundamentales en diversos sectores, desde la sanidad hasta la educación y la justicia y lo más grave, dejar a España sin presupuestos.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es uno de los procesos más importantes y decisivos en la gestión de cualquier gobierno. Las cuantas públicas definen la asignación de recursos a áreas esenciales como sanidad y, en este caso, la posibilidad de dotar de presupuesto el recientemente aprobado Plan Nacional de Atención Primaria como propone la ministra de Sanidad, Mónica García. 

Y es que, las partidas económicas que se deberán asignar a este plan sanitario están basados en las proyecciones de gasto de 2024, sin poderse actualizar este año. Esto implica que las comunidades autónomas tendrán, una vez más, que adelantar el coste de manera estimativa, con una mínima ayuda económica por parte del Estado.

La Atención Primaria en España, piedra angular del sistema de salud pública, está viviendo situaciones complicadas en muchas regiones. A pesar de ser un componente fundamental para la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades, este sector del sistema sanitario ha sido ignorado durante años, y las consecuencias de esta falta de ayudas por parte del Gobierno en estos últimos siete años, son cada vez más evidentes: atención sobrecargada, falta de recursos o escasez alarmante de personal han crecido en regiones como País Vasco, Cataluña o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por citar algunos ejemplos.

En este sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere llevar a término su puesta en marcha porque es una de sus promesas de legislatura, pero su traslado a las autonomías requiere de partidas económicas y no de previsiones. Además, este plan fijado para 2025-2027, es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS) y, como tal, tiene un papel central en la provisión de servicios de salud accesibles, integrales y continuos.

Crecimiento de la demanda

En los últimos años, el SNS se ha enfrentado un crecimiento exponencial de la  demanda, derivado de varios factores como el envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades crónicas (desde 2019 se ha registrado un aumento de 10,84% de personas que padecen una o más problemas de salud crónicos, lo que supone 2.343.657 de ciudadanos); y las nuevas expectativas de los usuarios, que exigen una atención más personalizada y próxima.

Este panorama ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer y modernizar la AP, asegurando su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, pero sin un presupuesto es simplemente papel mojado y una complicación más para las autonomías porque se les obliga a cumplir normas sin presupuestos para impulsarlas.

Para contextualizar la AP en España, cabe hacer un recorrido por algunas generalidades que reflejen el punto de partida. En España, 47.755.450 personas  tienen acceso a asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud. Nuestro país ocupa el octavo puesto global en esperanza de vida al nacer, siendo este valor de 85,7 años en mujeres y de 80,4 en hombres. La principal causa de muerte entre las mujeres es la enfermedad cerebrovascular, seguida por la enfermedad isquémica del corazón.

Esta última lidera la mortalidad en hombres, con el cáncer de pulmón en segundo lugar. Todo ello sin olvidar que la primera causa de muerte externa, independientemente del género, es la caída accidental, íntimamente relacionada con la fragilidad en el colectivo de mayores de 65 años, detectándose un incremento en 2023 del 6.3%.

Sin presupuesto para la Ley ELA

El Congreso de los Diputados dio un paso decisivo en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) al aprobar por unanimidad en octubre el pasado año, la nueva Ley ELA. Esta legislación representaba un hito para los pacientes, sus familias y la comunidad científica, ya que establecía un marco integral para el abordaje de la enfermedad en España. Sin embargo, cinco meses después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido capaz de disponer de 250 millones de euros para aplicar una normativa vital para el manejo y supervivencia de los afectados por esta dramática enfermedad.

Salud mental o prevención del suicidio

Otro de los plantes que desea impulsar Sanidad en sus políticas recientes es la aprobación de nuevas directrices sobre salud mental. Sin embargo, choca de frente con el escaso número de psiquiatras en nuestro país y cuyo ratio Sanidad no amplia, siendo de los más bajos de Europa. La propia Mónica García, ha criticado que se están recentando más fármacos de lo que se debería, en contra de la opinión del conjunto de las sociedades científicas; una opinión que vuelve a distraer la necesidad de mejorar en medios y profesionales.

Aproximadamente, alrededor del 20% de la población española sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. De estos, más de un 5% se podrían clasificar como trastornos mentales graves, como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresiones graves. Las más frecuentes como la ansiedad, la depresión y los trastornos de la conducta alimentaria, así como los problemas de sueño, sufrieron un incremento durante la pandemia. Algo que se vio de forma más acusada entre la población infanto-juvenil.

Por otra parte, a pesar de aprobarse en el Consejo Interterritorial políticas comunes para frenar el suicidio en nuestro país, comunidades como Madrid, mantienen activos sus protocolos y avanzan en nuevas políticas con proyectos y más presupuesto.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció recientemente, la creación de la primera unidad especializada de España destinada a investigar cómo mejorar «la salud mental, social y emocional» de los alumnos. Estará en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) y la dirigirá José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.

Se trata de una iniciativa que contará con un equipo de expertos que realizará trabajos en material social y emocional aplicados a la convivencia, el estudio de las repercusiones del uso y abuso de las pantallas o el consumo de sustancias adictivas.