La UCO registra la sede de Tubos Reunidos y entra en la SEPI por una pieza secreta de las cloacas del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves en Bilbao la sede de la empresa Tubos Reunidos, para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, en relación con las cloacas del PSOE. En la misma línea y también con el propósito de recopilar información, agentes de la Benemérita han acudido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid.

Los agentes de la UCO están practicando estas diligencias por orden del magistrado que comanda la investigación de una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización de la formación socialista, y coordinada por la fontanera del partido, Leire Díez.

Esta nueva tanda de registros está determinada a incautar documentación, correos electrónicos y dispositivos electrónicos que estén vinculados con la pieza que el juez Pedraz mantiene aún secreta en el caso que investiga a Leire Díez y a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI.

Tubos Reunidos S.A. figura en el sumario del caso como una de las compañías bajo sospecha. El informe de la UCO sitúa el rescate de la SEPI a esta sociedad anónima, «por un importe de 112,8 millones», como uno de los casos en los que el grupo Hirurok habría intermediado. «Los indicios recopilados ponen de manifiesto» que la red llevó a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda», se despliega en el informe.

La empresa fue una de las señaladas en diciembre de 2025, tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar y cercano a Santos Cerdán. En aquel momento, las detenciones se enmarcaban en una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en contratos de la SEPI supuestamente impulsados por Díez, Fernández y Alonso, que habrían formado un grupo de WhatsApp llamado Hirurok para conseguir decisiones favorables a sus intereses en cinco licitaciones.

Una de ellas era, según el magistrado Antonio Piña, la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, en el que se habría detectado la «intermediación» del grupo formado por Díez, Fernández y Alonso para que se otorgara esta ayuda, «percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez».