Cascada de elecciones autonómicas, previas a las generales anticipadas

Empieza la primera semana de febrero que es la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón y que el domingo próximo deciden las urnas. Tras las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre, que significaron una contundente derrota sanchista, se confía en que algo similar pueda suceder ahora. Aunque esta afirmación requiere de alguna matización, en la medida en que las elecciones extremeñas no concedieron a la indiscutible vencedora todo el objetivo político que motivó la convocatoria electoral anticipada. Que era obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario, es decir, sin necesidad de pactar con Vox, y que no lo consiguió. Y todavía no se ha investido como presidenta a Maria Guardiola por la resistencia de Abascal a pactar antes de Aragón.

Al margen del CIS de Tezanos, todas las encuestas coinciden en un claro triunfo del PP, pero al igual que en Extremadura, dependiendo de Vox. Escenario que obliga a que ambas formaciones establezcan una relación de cooperación que permita, desde la evidente diferencia de su identidad política establecer los pactos necesarios para derrotar al común y principal adversario político, que es el sanchismo. Y no dar la apariencia de que derrotar al respectivo rival político en el ámbito del centro a la derecha, se antepone, e incluso pueda perjudicar, a ese necesario triunfo.

Tras Aragón, el 15 de marzo próximo es Castilla y Leon la siguiente etapa de este carrusel electoral autonómico, que en principio tendría su etapa final en Andalucía en Junio. Si los pronósticos se confirman, se trataría de una cascada de 5 derrotas de Sánchez en tan solo 7 meses, como antesala a unas elecciones generales, que quiera ó no, sin Presupuestos, se celebrarían antes de 2027.

Con casi ocho años en la Moncloa el balance que deja de su proceder es un auténtico «parteaguas» en el sistema Constitucional del 78. Habiendo violado normas, escritas ó no, que se consideraban indisociables en una democracia parlamentaria, siendo destacada el carecer de Presupuestos. Hasta ahora, un gobierno sin presupuestos obligaba a convocar elecciones al presidente. De hecho, el mismo Sánchez había afirmado que un gobierno sin presupuestos es como «un coche sin gasolina , es decir un objeto inútil».

De esta manera exigía en mayo de 2018 a Mariano Rajoy que dimitiera y convocara elecciones antes de su moción de censura, porque hasta ese momento tenía prorrogados los de 2017. Y ahora él no ha aprobado ninguno en esta legislatura, prorrogando los de 2023 en tres ejercicios sucesivos, infringiendo además la obligación constitucional, regulada en el artículo 134, de presentar en el Congreso el correspondiente proyecto de ley antes del 30 de septiembre.

Esa norma la ha violado en 2023, 2024 y 2025, lo que sienta un precedente que obliga a modificar la Carta Magna para evitar pueda repetirse tal situación. Otro «parteaguas» es el que ha establecido utilizando abusivamente la figura del Real Decreto Ley que el artículo 86 CE establece como condición habilitante para utilizarlo el tratarse de supuestos de «extraordinaria y urgente necesidad». Y que el sanchismo lo utiliza para todo tipo de medidas, ante su imposibilidad de aprobarlas con la tramitación habitual y propia de un proyecto de ley. Y manipulando su contenido incluyendo cuestiones sin vinculación ninguna entre sí y opuestas en su apoyo político como la revalorización de las pensiones unida a la prórroga de la imposibilidad de actuar contra la «inquiokupacion».

A estas dos lamentables novedades establecidas por quien accedió a la Moncloa para «garantizar la calidad de nuestra democracia», y la ha corrompido hasta el extremo, hay que añadir una esencial. Que es utilizar el Estado para conseguir mantenerse en el poder, despojándole de competencias exclusivas que por su propia naturaleza no son susceptibles de transferir su gestión tal y como establece el artículo 150.2. Es el caso de competencias en materia de control de las fronteras y de la inmigración. Como colofón, basta añadir que una cuestión de profunda actualidad e importancia como la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, se efectúe al margen del Congreso. «Para barrer España de fascistas y fachas» como ha dicho Podemos, por medio de Irene Montero, que lo ha exigido para volver al sanchismo con sus 4 votos.