Cárcel para Cristina Kirchner por corrupta

Recuperar las instituciones y el imperio de la ley es posible. Está ocurriendo en Argentina. Los poderosos no quedan impunes después de tratar su país como una finca y a su pueblo como a vasallos.

Entre 2003 y 2015, durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su provincia natal de Santa Cruz fue la más beneficiada por la obra pública vial, el 80% de la cual se otorgó a las empresas constructoras de un antiguo empleado de banca, amigo del matrimonio presidencial, Lázaro Báez. Éste fue el beneficiario de 51 licitaciones públicas con fondos nacionales; algunas se realizaron, otras no se terminaron y algunas ni se comenzaron.

Las empresas de Báez no fueron sancionadas por los incumplimientos y encima gozaron de un sistema de pago preferencial. Además, a Báez se le atribuye la propiedad de unas 600.000 hectáreas en la provincia.

Las investigaciones judiciales de la que recibió el nombre de Causa Vialidad empezaron en 2015. El fiscal Diego Luciani acusó a Kirchner de ser la jefa de una «asociación ilícita» destinada a beneficiar a Báez y de recibir a cambio dinero.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal nº 2 dictó sentencia y condenó a CFK a seis años de cárcel, inhabilitación a perpetuidad para cargo público y multa de 84.000 millones de pesos por el quebranto a las arcas públicas. La Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia en noviembre de 2024. Y, el 10 de junio, la Corte Suprema desestimó los recursos de CFK.

El miércoles 18, Kirchner se presentará ante un tribunal para solicitar prisión domiciliaria, en atención a sus 72 años de edad; también tendrá que abandonar la presidencia del Partido Justicialista, tal como manda la legislación.

Ante unos cientos de peronistas arremolinados debajo de su balcón, CFK arremetió contra los jueces y la institucionalidad con el mismo tono que emplearon en estas dos últimas décadas ella y su marido: «El Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular». Conspiración, odio, ataque a la voluntad popular… y ni un reconocimiento de culpa.

Sus admiradores y conmilitones de la izquierda americana y española salieron en su defensa. El brasileño Lula da Silva, encarcelado y luego absuelto, le llamó para darle ánimos y dijo que la encontró serena. El colombiano Gustavo Petro, dado a la desmesura y lo apocalíptico, escribió: «La primavera democrática de América Latina está en peligro». Porque el peligro para los caciques de izquierdas es que los jueces y fiscales se atrevan a investigarles.

El jurista Baltasar Garzón afirmó que la sentencia es «netamente política», «con poca profundidad» y la consideró «un escrito de parte más que de un organismo judicial independiente». Garzón sabe mucho de resoluciones judiciales injustas, porque en 2012 fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación, según una condena del Supremo. También ha demostrado la virtud del agradecimiento, ya que Kirchner le acogió en Argentina, le colocó en un puesto en la Secretaría de Derechos Humanos, donde cobraba casi 100.000 pesos mensuales, y le concedió un NIE en un tiempo récord.

Otro de los amigos de la banda, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, todavía no se ha manifestado, pero ya lo hizo en marzo de 2023, cuando participó en el Foro Mundial de Derechos Humanos, en Buenos Aires. Confesó que los Kirchner forman parte de su «sentimiento político» y apeló a «no judicializar la política»; es decir, a dejar impunes los delitos.

El lawfare, concepto traído a España por los políticos de Podemos y difundido por periodistas de su órbita, como Ignacio Escolar y Enric Juliana, consiste en atacar de manera preventiva a los tribunales para deslegitimar las posibles medidas y condenas contra los líderes de izquierdas. A él están recurriendo incluso ministros del Gobierno socialista para criticar las investigaciones al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, y a Begoña Gómez.

La confirmación de la condena se recibió con protestas de los kirchneristas y también con fuegos artificiales en Buenos Aires como expresión de alegría. El Partido Justicialista queda descabezado y tendrá que elegir un presidente. Una ocasión para los peronistas que tienen cuentas pendientes con Cristina y su marido, que introdujeron en el movimiento la misma división entre amigos y enemigos que aplicaban al resto de la sociedad.

No sorprendería, dada su soberbia, que CFK intentara dirigir el partido desde su casa, como hizo Juan Domingo Perón desde Madrid cuando el general Francisco Franco aceptó acogerle. El testaferro podría ser su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Aunque se trata de un niñato, cuenta con apellido y fortuna.

En un mes escaso, dos expresidentes que podían competir con Javier Milei en 2027 se han caído de la competición. Una, la ya mencionada Kichner. Y el otro es Mauricio Macri, jefe de Estado entre 2015 y 2019. Su partido, Propuesta Republicana, sufrió el 18 de mayo una enorme derrota en las elecciones a la asamblea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era su base electoral. El PRO, que gobernaba la ciudad, bajó al tercer puesto, con un escaso 16%. La lista más votada, con casi el doble de votos, fue la de La Libertad Avanza, el partido de Milei.

Mientras tanto, en España, la «mutación constitucional» sigue quemando etapas, con la colaboración de numerosos juristas, felices de obedecer al tirano. Envidiamos a los argentinos sus jueces.