Aquí no hay quien viva

Excepción hecha del Estado Vaticano, España es el país europeo con un índice de natalidad mas bajo. Y Baleares, desde siempre con tasas bajas, se encuentra por añadidura en la cola de esta estadística. Un bonito panorama que ni siquiera logra compensar una inmigración que se muestra algo más dispuesta a procrear que el estamento indígena.

Así las cosas, por la prensa nos hemos podido enterar de que los alcaldes de Palma, porque ya vamos por el segundo, sólo han logrado construir en la ciudad cinco viviendas de protección oficial (VPO)  de las 1.500 que prometió en campaña el Pacte, o sea socialistas, podemitas y los autollamados ecosoberanistas que suscribieron este compromiso en comandita. 

Una parte del mismo, los socialistas, llevando la propuesta por bandera, consideraban el acceso a la vivienda como un «objetivo prioritario» en consonancia con aquello de que «no vamos a dejar a nadie atrás», lo cual traducido al román paladino mucho más comprensible, vendría a significar «vamos a dejaros con una mano delante y otra detrás», que es lo que en realidad se deduce ahora de sus políticas.

Aunque para no ser excesivamente derrotistas, calcularemos que al final del presente mandato sí que podrían haber logrado construir una decima parte de lo prometido, es decir 150 inmuebles. O sea que menos da una piedra.

Entre los mayores problemas que padece Palma, se sitúa una grave escasez de vivienda. Y sus consecuencias son que una gran parte de sus habitantes -la mayoría jóvenes- no pueden acceder a una vivienda para formar un hogar, porque ni pueden adquirirla, ni siquiera una vivienda pública a precio asequible, ni menos encontrarla en el mercado de alquiler por sus precios demasiado elevados.

Por otra parte, la iniciativa privada tampoco puede construir viviendas a precios asequibles por la escasez de suelo. Pero algo habrá que hacer. Y parece ser que hay tres posibles soluciones y todas ellas competen a las distintas administraciones.

La primera solución sería que estas administraciones fueran capaces de construir viviendas sociales, poniéndolas en venta o en alquiler, a precios asequibles y al ritmo de las necesidades de la población. Esto ocurre en algunos países europeos donde la política está al servicio del ciudadano y no al revés, y así resuelven los problemas, pero ya vemos que aquí no.

La segunda sería que los ayuntamientos pusieran suelo público a precios asequibles para que la iniciativa privada pudiera promover viviendas a precios razonables pero, por una parte la inoperancia de nuestras administraciones -mayoritariamente los ayuntamientos- y la tardanza en reformar los planes de ordenación y a su vez la férrea oposición de grupos ecologistas, logran al final imponer unas restricciones que impiden estas soluciones.

Y por último aquí tenemos el asunto de la leonina fiscalidad que se proyecta sobre la vivienda, desde su construcción hasta su adquisición, y que junto con los demás condicionantes logra que el panorama actual sea de auténtica vergüenza. Pero estamos ante un problema candente que afecta al final a la calidad de vida y el bienestar ciudadano. Y otra vez por tanto la incompetencia pone freno, si las hubo, a las buenas intenciones, ya que más bien parece que las promesas electorales y las propuestas de solución resultan ser poca cosa más que eslóganes.