8-M: negligencia mortal, responsabilidad penal

La juez Carmen Rodríguez-Medel investiga al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir la manifestación del 8-M en el Día de la Mujer. Es evidente que Franco no es el responsable de permitir la multitudinaria concentración que se convirtió en un foco de contagio de coronavirus, sino que su celebración fue instada y alentada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Pedro Sánchez. Si la magistrada investiga a José Manuel Franco es porque, dada su condición de aforados, no puede hacer lo propio con el jefe del Ejecutivo y el resto de miembros del Ejecutivo. Tal es así que la juez insta al denunciante a acudir al Tribunal Supremo, órgano competente.

Lo que hace la juez es indicar el camino para dirimir las supuestas responsabilidades penales del Gobierno socialcomunista al permitir una manifestación cuando el virus se encontraba en clara fase de expansión y desoyendo los informes de los organismos científicos y sanitarios. Resulta obvio que el Ejecutivo estaba al tanto de la fase expansiva de la enfermedad pero, aún así,  no es que permitiera la manifestación del 8-M, sino que prácticamente la organizó, pues no en vano desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias se cedieron instalaciones oficiales para ultimar los preparativos de la marcha.

Parece obvio que en los próximos días asistiremos a un reguero de denuncias desde distintos colectivos y asociaciones con el fin de que se investigue si el Ejecutivo socialcomunista es responsable penal por permitir un acto multitudinario que se convirtió en un foco de contagio masivo. Es importante la consideración que hace la juez cuando se refiere a que el Tribunal Constitucional aclaró que la prohibición de la manifestación puede darse no sólo cuando haya una alteración del orden público, sino también cuando se detecte una «desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución». O sea, que apunta claramente a que se podía «legalmente prohibir por razones sanitarias».

Parece obvio que al Gobierno socialcomunista, responsable de una negligencia mortal,  se le complica la situación. Ahora, Sánchez sí que no dormirá tranquilo.