Vox reta al Gobierno de Ayuso a excluir a los inmigrantes ilegales de las ayudas sociales en Madrid

Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso ya tuvieron un fuerte desencuentro el pasado jueves en el pleno de la Asamblea a cuenta de la inmigración, pero eso no ha frenado a la portavoz de Vox en su intento de excluir a los inmigrantes ilegales de las ayudas sociales de Madrid. De hecho, este lunes el partido ha dado a conocer que llevará al próximo pleno una Proposición No de Ley para lograrlo.

La iniciativa será defendida por Vox pese a que sabe que no cuenta con los apoyos necesarios de ninguno de los grupos políticos para sacarla adelante. Sin embargo, Monasterio insiste en que es «fundamental para evitar el efecto llamada y para evitar que los residentes en Madrid se queden sin las ayudas sociales porque se las llevan otros que acaban de saltar la valla».

La portavoz ha comparado la situación en la Comunidad de Madrid con la de la Unión Europea en general, donde «los estados miembros están intensificando sus esfuerzos para establecer una política europea de migración regular, controlada y segura, siempre en atención al derecho humanitario y comunitario», indica.

Este es el principal argumento de Vox para empecinarse en esta propuesta, al entender que la Unión Europea «está facultada para establecer las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro», mientras que son los propios países los que «conservan el derecho de fijar volúmenes de admisión para los nacionales de terceros países que entren de forma legal y deseen buscar trabajo en su territorio, estableciendo medidas de regulación del flujo migratorio según la capacidad económica de los países».

Asimismo, el partido de Monasterio recurre a los datos de personas en riesgo de pobreza en el territorio comunitario, más de 96 millones, y añade que en la Comunidad de Madrid los recursos «son escasos para reducir el desempleo, aumentar la renta y calidad de vida de los españoles, tener una sanidad y una educación de calidad, atender las necesidades cada vez mayores de las personas con discapacidad o dar futuro a los jóvenes», por lo que «no es posible incorporar una inmigración ilegal e ilimitada demandante también de esos recursos».

Denuncian que existe un «agravio comparativo e injusticia» contra los inmigrantes legales que solicitan esas mismas ayudas y cumplen con los requisitos y trámites burocráticos, al mismo tiempo que se fomenta la idea de que «saltarse la ley sale mejor que cumplirla».

«Efecto llamada»

Vox da la voz de alarma también por «el efecto llamada y el incremento del paro estructural» que se produce, subraya, a consecuencia de incumplir la ley. De la misma forma, recuerda que la Unión Europea ha adoptado reglas para «gestionar los flujos de inmigración legal, tramitar las solicitudes de asilo y devolver a inmigrantes ilegales» y que en el paquete de medidas se incluye «una definición común del delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares».

«Para toda nación es capital defender sus fronteras y, por tanto, la inmigración debe ser legal y ordenada en cualquier caso y en cualquier situación económica del país (…) La Unión Europea está obligada a frenar la inmigración ilegal, sobre todo mediante una política eficaz de retorno», recoge la propuesta.

Sugiere, como solución para la llegada de inmigrantes -«evitar que las personas tengan que emigrar de sus países»-, «la ayuda en origen», una forma también de «aplicar medidas que garanticen la integridad de nuestras fronteras y la seguridad del territorio nacional». La formación hace referencia de la misma forma a «la lucha contra el uso fraudulento de los procedimientos administrativos de gestión en esta materia en la Comunidad de Madrid».

Por todo ello, Vox quiere que la Asamblea inste al Consejo de Gobierno de Ayuso que «se excluyan de recibir acciones y beneficios sociales comprendidos en la Estrategia de inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, a las personas que, vulnerando las leyes españolas y comunitarias, han entrado ilegalmente en España, dejando a salvo las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen».