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Madrid reprende a Marlaska por la falta de guardias civiles para seguridad ciudadana

Exigen a Interior incrementar de manera notable la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Madrid

La Asamblea de Madrid ha exigido a Fernando Grande-Marlaska incrementar de «manera notable» el número de guardias civiles que prestan servicio en la región. El pleno ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PP de Isabel Díaz Ayuso para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que incremente la plantilla de la Guardia Civil destinada a seguridad ciudadana, dado que «las mínimas incorporaciones van dirigidas a otros servicios».

El PNL de los populares también recoge la exigencia de aumentar la inversión por parte del Ministerio del Interior para renovar y acondicionar las infraestructuras de la Guardia Civil dado su deterioro. La petición aborda la mejora de los cuarteles y casas cuartel, así como otras medidas que estén destinadas a que los agentes puedan residir de manera digna y confortable lo más cerca posible de sus zonas de trabajo.

Otro de los aspectos para los que reclaman mejoras desde la cámara madrileña son las plantillas. En este sentido solicitan que Marlaska las refuerce para poder incrementar de manera «notable y acorde al crecimiento poblacional» la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una «condición indispensable para la excelencia del Estado de derecho».

La iniciativa incluye que se mantengan los horarios de atención al ciudadano con personal propio en las instalaciones, tanto en puestos como en cuarteles o comisarías.

Profesión de riesgo

Por otro lado, el grupo parlamentario del PP ha intentado dar voz a la Guardia Civil y la Policía Nacional en una reivindicación por la que llevan años luchando: que ambas sean declaradas profesiones de riesgo, para culminar «de manera urgente» el proceso de equiparación salarial de los dos cuerpos con el de la policía autonómica, «algo aprobado por el Gobierno del PP en 2018 e incumplido por el ministro Marlaska», ha recordado el diputado José Virgilio Menéndez, encargado de defender la propuesta del GPP.

En lo que se refiere a éste último punto, se trata de una condición con la que sí cuentan policías locales, ertzainas y mossos d’Esquadra. Esto les permite también que se pueden jubilar a los 60 años con pensiones más cuantiosas que pueden llegar a sumar hasta 700 euros más que las de los guardias civiles o los policías nacionales.

Los cuerpos insistieron mucho más en su demanda para ser declarados profesión de riesgo a raíz de la muerte de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, cuando se reavivaron también las denuncias por la falta de medios humanos y materiales de los agentes para cumplir con su trabajo sin comprometer su integridad física más de lo que lo hacen por la naturaleza del puesto.

A eso se suma que cerca de una decena de municipios madrileños denunciaron a finales de abril que la Delegación del Gobierno de Sánchez está desmantelando los cuarteles de la Benemérita a «conciencia», tal y como publicó OKDIARIO. Algunas localidades de la región ni siquiera cuentan con cuartel propio, por lo que los efectivos de los municipios vecinos son los que les dan cobertura, de forma que el número de agentes se tiene que dividir en la práctica. Con los pocos medios que tienen, desde el cuartel de Griñón, por ejemplo, tienen que cubrir Serranillos, Casarrubuelos, Cubas y el propio Griñón. Es decir, alrededor de 20 guardias civiles se encargan de 27.000 habitantes, o lo que es lo mismo, se destina una patrulla para cuatro pueblos, si se tiene en cuenta que cada día se deben hacer tres turnos, y hay que contar igualmente las vacaciones.

Finalmente, el diputado José Virgilio Menéndez ha destacado el programa autonómico de apoyo a las Policías Locales en la Estrategia Integral ESICAM179. Ha afirmado que el Gobierno regional «seguirá, dentro de sus competencias, impulsando medidas para ayudar a policías y guardias civiles con ayudas al alquiler, a la escolarización de sus hijos, al transporte o el acceso a servicios municipales».