Ayuso prepara multas y sanciones contra las universidades que no atajen los escraches y las coacciones

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trabaja en la elaboración de un régimen sancionador específico que permita multar a las universidades que en sus campus consientan actos vandálicos, escraches, invasión de la vía pública, acampadas o protestas. Lo que busca el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es tener herramientas para poder intervenir en estos casos para que se mantenga el decoro y la legalidad en los espacios universitarios.

Según ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana,»es importante que la universidad sea un espacio libre de manifestación, pero también nos preocupa que las protestas impidan el acceso a las clases. Queremos garantizar que la universidad siga siendo lo que es y que se conjugue la libertad de expresión con la libertad de cátedra y enseñanza».

El consejero ha explicado que estas sanciones podrían ser económicas o administrativas en función de la gravedad de los actos. «La idea es sancionar a las instituciones que no cumplen. Es la universidad quien debe hacer cumplir la ley». Es decir, son las universidades quienes, en su ámbito de actuación, deben tener el control de lo que pasa en sus instalaciones y para ello estas instituciones podrán elaborar reglamentos de régimen interno para evitar actuaciones que puedan ser consideradas como «vandálicas o violentas». En este sentido, Emilio Viciana ha destacado que «la intención del Gobierno es la de poner límites fundamentales que no se pueden cruzar». En caso de que se produjeran acciones constitutivas de delito, en este caso sería la policía quien tuviera que intervenir, pero para todo lo que no sea delito, la universidad sería responsable.

Este régimen sancionador entraría dentro de la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades, cuyo borrador pretenden tener listo a lo largo del mes de julio. Después se presentaría a las partes implicadas para someterlo a diálogo, es decir, rectores de las universidades públicas y privadas y consejos sociales. En septiembre empezaría el trámite de información pública y llegaría a la Asamblea de Madrid para otoño o, a más tardar, finales de este 2024.

El consejero de la Comunidad ha explicado que las universidades también podrán ser multadas si no cumplen con los requisitos mínimos de titulación o de infraestructuras: «Queremos tener un margen de actuación que permita a la Comunidad actuar en este tipo de casos y, sobre todo, garantizar que el nivel de exigencia y de calidad de la enseñanza madrileña se mantiene en todo momento».

Viciana ha insistido en que»dentro del respeto a la plena autonomía universitaria y a la libertad de manifestación y concentración», lo que quieren es garantizar que en los campus universitarios existe un respeto absoluto de la legalidad. No queremos que sucedan incidentes que impidan el acceso a la vía pública, o la ocupación de espacios universitarios, o que se impida el acceso de estudiantes a sus clases. Por eso es necesario garantizar  un marco jurídico regulador que permita afrontar este tipo de situaciones».

Escraches en Madrid

En las universidades de Madrid, el escrache más sonado fue el protagonizado por Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Rita Maestre contra la fundadora de UPN Rosa Díaz en 2010. Sucedió en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando la ex dirigente del PSOE intentó dar una charla a un grupo de estudiantes.

También fue increpado en la misma universidad el ex presidente del Gobierno Felipe González. Ocurrió en 2016 y, en este caso, los estudiantes impidieron que consiguiera entrar en el recinto universitario, por lo que el ex presidente tuvo que estar dando vueltas en su coche a la espera de que la manifestación se apaciguara, algo que no sucedió.

El más reciente fue el acto violento sufrido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en enero de 2023 en la Universidad Complutense cuando acudió para recibir el premio de alumna ilustre. Las protestas fuera del centro fueron controladas por un amplísimo  despliegue policial que permitió a Ayuso salir indemne del escrache convocado por la ultraizquierda.