El vídeo del delegado del Gobierno en Madrid ante Peinado: sólo responde telegráficamente a su abogado
Sólo responde cuatro preguntas de su letrado a pesar del interés de las partes y el juez de profundizar

Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, compareció este miércoles 14 de mayo ante el juez Juan Carlos Peinado limitándose a responder únicamente a cuatro escuetas preguntas formuladas por su abogado defensor, en una estrategia procesal que busca minimizar su exposición en el caso que investiga a Begoña Gómez. OKDIARIO devela en exclusiva el vídeo de su declaración como imputado.
El alto cargo de Pedro Sánchez y ex empleado en el Palacio de La Moncloa negó rotundamente haber participado en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente. Trata de desmarcarse así del delito de malversación por el que está siendo investigado.
Este periódico ha tenido acceso al vídeo íntegro de la declaración, donde se aprecia la parquedad extrema de las respuestas del investigado. Tras identificarse formalmente ante el magistrado, Martín Aguirre anunció su intención de acogerse parcialmente a su derecho constitucional: «Dado el recurso de apelación que se ha presentado contra el auto de 5 de mayo de 2025 y en tanto este sea resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en este momento procesal y siguiendo las recomendaciones de mi dirección letrada, voy a responder sólo a las preguntas de esta señora letrada».
La estrategia defensiva resultó especialmente lacónica. A la primera pregunta sobre su participación en el nombramiento de María Cristina Álvarez Rodríguez como directora de programas el 16 de julio de 2018, respondió escuetamente: «No». Sobre su nombramiento como secretario general de Presidencia del Gobierno, precisó únicamente las fechas exactas: «El 21 de julio de 2021» hasta «el 28 de marzo de 2023».
La declaración presenta una aparente contradicción que no pasó desapercibida a los asistentes. Mientras Martín Aguirre negó categóricamente haber participado en el nombramiento de Álvarez, cuando su abogado le preguntó si le constaba algún incumplimiento de la directora de programas en el ejercicio de sus funciones, respondió con contundencia: «No, en absoluto».
Esta respuesta sugiere un conocimiento directo de la labor de Álvarez que resulta incongruente con su alegada falta de participación en su designación. No pudieron repreguntar al respecto las acusaciones particulares, el resto de defensas, el fiscal José Manuel San Baldomero o el propio juez.
El juez Peinado había citado al delegado «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, con fondos de naturaleza pública».
La investigación se centra en el período en que Álvarez comenzó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia.
La Abogacía del Estado asumió la representación y defensa del ahora delegado que se dedica a fundamentalmente a hacer oposición a Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión refuerza la posición del Gobierno de considerar que Martín Aguirre actuó en el ejercicio de sus funciones institucionales, no en beneficio personal.
La imputación surge de una querella presentada por Vox, ahora incluida en la causa contra Begoña Gómez, que se centra en el nombramiento y funciones de Cristina Álvarez. Los de Santiago Abascal sostienen que el delegado era el «responsable y superior jerárquico» de la asesora, atribuyéndole «la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa».
El email clave
El contexto de esta investigación se remonta a julio de 2018, cuando Álvarez fue contratada directamente para ayudar a Begoña Gómez tras una simple llamada telefónica y sin entrevista previa, como cargo eventual nivel 26 adscrito al gabinete de presidencia del gobierno, con un salario de 49.000 euros brutos anuales.
Durante su propia declaración, Álvarez se definió como «persona de confianza» encargada de gestionar un «entorno seguro» para la esposa del presidente, reconociendo que utilizaba tanto correo oficial como privado para gestionar los asuntos de Begoña Gómez.
La estrategia procesal de Martín Aguirre contrasta notablemente con la de otros investigados en la causa. Mientras que Cristina Álvarez declaró ampliamente aunque con contradicciones, según las fuentes presentes, el delegado optó por una aproximación minimalista que evita cualquier pronunciamiento que pueda comprometerle procesalmente.
A la salida de los juzgados, Martín Aguirre mostró confianza en el desenlace: «Todo va a terminar en nada, porque no hay nada». Su estrategia queda condicionada al recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde la Fiscalía ya ha solicitado la anulación de su imputación.
Esta declaración lacónica representa un nuevo episodio en el entramado del caso Begoña Gómez, donde cada testimonio desvela la imbricación entre lo público y lo privado en las altas esferas del poder, convirtiendo cada comparecencia en una pieza más del complejo rompecabezas judicial que mantiene en vilo al Ejecutivo.