Los testaferros de González crearon la sociedad que «pagaba mordidas» a cambio de obras en Panamá

Según la investigación, «todo indica que, como consecuencia de la manipulación del proceso de licitación y con el objetivo de dirigir su adjudicación al consorcio citado, las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras, habrían pagado una comisión ilegal de 273. 672, 32 dólares (241.000 euros), velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito por las citadas mercantiles con la sociedad de Islas Vírgenes Británicas, Eduholding».

«Este tipo de prácticas ilegales parece haber sido llevada a cabo por CLEOP e Inassa en otros contratos públicos de Panamá, recurriendo para ello a Sergio Vidal que habría actuado como intermediario entre estas empresas y los cargos públicos responsables de la adjudicación/ejecución de los citados contratos, todo ello con el fin de asegurar la adjudicación a CLEOP e Inassa», concluye el auto judicial.

Precisamente, el despacho panameño De Obaldía y García de Paredes que inscribió a MG Infraestructuras en el Registro de Panamá, renunció como agente de la sociedad el pasado 24 de abril, sólo unas horas después de que Ignacio González ingresara en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco del caso Lezo.

Esta renuncia, tal y como avanzaba este diario, la hicieron extensiva al menos a otras 2 «empresas pantalla» de Panamá investigadas en la causa, relacionadas con González y su mano derecha en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino: Amalfi Trading y Rafaello Investment.

Un bufete «clave» del caso Lezo

Los investigadores del caso Lezo sospechan que Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino se sirvieron de las «tapaderas» Amalfi Trading y Rafaello Investment para canalizar las mordidas millonarias que obtuvieron de la compra la compañía brasileña, Emissao. Dicha sociedad costó 21 millones de euros en 2013 y un año después su valor apenas superaba los 5 millones. El dinero fue cobrado en una cuenta de Suiza y posteriormente, se transfirió a empresas ubicadas en Panamá y otros paraísos fiscales.

OKDIARIO desveló que el despacho de abogados dirigido por José Ramón García de Paredes Navas y Carlos Alberto De Obaldía Cañas además de constituir las «empresas pantalla» de González y Rodríguez Sobrino, contrató además los servicios del bufete Mossack Fonseca para abrir otras sociedades ‘offshore’.

Concretamente, la firma Caribbean LNG and Energy Solutions S.A. en Belice, país situado en centroamérica, en abril de 2014; y GT International Services LTD en las islas Seychelles, ubicadas en el océano Índico, en enero de ese mismo año. Dichas sociedades aparecen en los llamados ‘papeles de Panamá’.

El bufete fundado en 1990 ofrece una gama de servicios legales, desde sus oficinas ubicadas en el centro financiero de la Ciudad de Panamá. Aunque su actividad es global, el despacho tiene una especial presencia en América Latina. Prestan servicios de asesoría jurídica incluyendo los sectores financiero, bancario, comercial, patentes y marcas, así como registros.