Los Mossos lograron una causa secreta contra los policías pero Pedraz la archivó
Los Mossos d’Escuadra lograron abrir a finales de 2014 en la Audiencia Nacional una pieza separada secreta contra los policías que investigaban en Cataluña a una célula yihadista. Tras denunciar de manera reiterada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 lo que ellos calificaban de chivatazo, los mossos pretendían que los agentes antiterroristas fueran expedientados y sancionados. El juez Pedraz, que instruía las diligencias de la operación Caronte, tras investigar el caso, decidió archivar las denuncias porque, para él, no existía ni dolo ni mala voluntad en el comportamiento de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
El magistrado de la Audiencia Nacional, tras la comparecencia de dos policías en su despacho para informarle de sus actuaciones antiterroristas en Cataluña, con el conocimiento de sus superiores, pudo verificar que ni habían alertado a los islamistas ni pretendían reventar la operación contra la célula islamista salafista. Los inspectores señalaron a Pedraz que su único celo era controlar a unos colaboradores para desactivar una célula yihadista que la Comisaría General de Información seguía desde hacía tiempo.
OKDIARIO publicó ayer que con la Operación Caronte la policía autonómica pretendía desmontar una red de confidentes que tenía el CNP en Cataluña, infiltrada en células yihadistas. Oficialmente, ante la Audiencia Nacional, la misión de los Mossos estaba encaminada a desarticular un grupo de islamistas radicales que, supuestamente, reclutaba soldados para el Daesh, pero tras esa pantalla se pretendía también desenmascarar a los colaboradores policiales.
La Fiscalía quería deducir testimonio
Un alto cargo del Ministerio del Interior en aquellas fechas mantiene que “existía una decisión política para echar a la Policía de Estado de Cataluña”. Según la misma fuente los diseñadores del independentismo lo lograron como se puede comprobar tras el atentado del agosto pasado y en pleno proceso secesionista: “Los Mossos se han hecho con el control de la lucha antiterrorista en Cataluña pero, lo trágico para las investigaciones, es que ellos carecen de la experiencia de más de 30 años –desde el atentado del restaurante El Descanso de Madrid en 1985- y no pueden acceder de manera directa a información en países como Francia o Marruecos”.
Y la fuente pone un ejemplo: “En un momento determinado de las pesquisas, los Mossos detectan una llamada desde Marruecos de un tal Said a uno de los investigados, pero no pueden continuar tras la pista porque carecen de operatividad y de legalidad para actuar fuera de España. Esa competencia es del CNP, del CNI y de la Guardia Civil”.
Tal había sido el seguimiento de la policía autonómica contra los agentes policiales que la Fiscalía de la Audiencia Nacional barajó la posibilidad de deducir testimonio contra los inspectores que, supuestamente, se habían convertido en chivatos. Finalmente, el magistrado Pedraz dispuso de las pruebas necesarias para desmontar el acoso.
Cuando la policía catalana filtró al diario Público la existencia de un chivatazo bis -queriendo emular el escándalo del bar Faisán de Irún- el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió con contundencia en defensa de los funcionarios de su departamento: “La lucha antiterrorista -aseguró- no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido de Estado. Prefiero no hacer calificaciones de lo que me merece eso, que ya conocía y que no tiene ningún recorrido judicial ni fundamento».
Algunos observadores consideraron que las palabras del ministro del Interior no iban dirigidas únicamente a los Mossos.
La obsesión de los Mossos
En el sumario de la Operación Caronte los Mossos dedican cientos de horas de investigación para desactivar a sus compañeros de la Seguridad del Estado. Las diligencias están plagadas de quejas e informes remitidos al juez Pedraz.
En un escrito del 17 de noviembre de 2017 informan al magistrado que han realizado un seguimiento a los policías durante los días 7, 21, 22 y 23 de octubre en Tarrasa. El 4 de noviembre los Mossos vuelven a la carga y señalan al juez la existencia de “un hombre calvo en actitud de espera delante del domicilio de uno de los investigados (Orellana)”. Y siguen: “Mira el portal del edificio y después de mirar el balcón del investigado el hombre se marcha”.
Según los Mossos, inmediatamente, aparece un Renault Megane, que pertenece por su matrícula a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que “dentro hay un hombre de pelo moreno, vistiendo un polo de color blanco y pantalones tejanos, de entre 38 y 40 años y con una pistola de dotación en la cintura”. Según la nota policial, “a su lado viaja una mujer de pelo rubio que viste camisa azul cielo y pantalones tejanos”.
El 5 de noviembre uno de los mossos se queja al juez de que un policía, mostrándole la placa, le pide la documentación y que los miembros de la célula yihadista han tomado medidas de contravigilancia por el chivatazo de la Policía.
Los Mossos utilizan como prueba un libro de Maalouf
Los Mossos, tras el registro del domicilio de Antonio Sáez Martínez, a quien acusan de ser uno de los cerebros de la célula yihadista, destacan como elementos de sospecha dos libros encontrados en la biblioteca del detenido, junto a otros cientos. Señalan el libro escrito por el periodista Casimiro García Abadillo, 11-M, la venganza e Identidades asesinas, en el que el escritor Amín Maalouf denuncia la locura que incita a los hombres a matarse entre sí en nombre de una etnia.
Pero para los Mossos la obra del autor franco-libanés provoca otras consecuencias. Señalan que la temática del libro “encaja perfectamente en la figura del señor Sáez”. Y concluyen: “Se considera que algunos argumentos dados en este libro , convenientemente interpretados, podrían provocar el efecto contrario al buscado por su autor”.
El informe está fechado el 8 de octubre de 2014 por el sargento con número de placa 6131.
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