Los Mossos espiaron durante años la vida privada de líderes de Sociedad Civil Catalana como Bosch

Los Mossos tenían orden de acabar con la honorabilidad de los principales miembros y líderes de Sociedad Civil Catalana. Espiaron su vida privada, patrimonial, profesional y, por supuesto, pública. El objetivo era encontrar algo que permitiese a la Generalitat y a los partidos separatistas acabar con su credibilidad. Lo hicieron durante años. Pero se cebaron con especial intensidad en uno de sus líderes: el que fuera presidente de la organización constitucionalista hasta 2015, Josep Ramon Bosch. Así consta en uno de los informes que los Mossos pretendían destruir en una incineradora de Barcelona el 26 de septiembre y que la Policía Nacional consiguió impedir que fuese eliminado.

Sociedad Civil por aquella época empezaba a tener notoriedad. Su labor comenzaba a ser incómoda para los separatistas. Recopilación de denuncias en los colegios, de acoso a empresarios o personas civiles en general, interposición de acciones judiciales para defender a trabajadores bajo presión separatista. Todo ello cogía cuerpo gracias a Sociedad Civil Catalana, que se convertía, paso a paso, en una voz con notoriedad donde nadie se atrevía a desafiar al separatismo. Y la Generalitat tomó la decisión de encontrar lo que fuera con tal de bombardear y desacreditar a los líderes de Sociedad Civil.

Entre las cuestiones más investigadas por los Mossos se encontraban sus relaciones políticas o incluso amistosas con un fin: encontrar cualquier pasado o presente que pudiese ligar a Bosch a algo que sonase a extrema derecha.

Posteriormente, en septiembre de 2015, Sociedad Civil Catalana anunció, un día después de las elecciones autonómicas del 27-S, que sustituía «por razones de índole personal y profesional» a su presidente hasta ese instante, Josep Ramon Bosch. La causa: la interposición de una querella por injurias y amenazas por la asociación de juristas Drets. En ella se acusaba a Bosch de haber usado un perfil falso de Facebook para lanzar mensajes, una práctica, por cierto, generalizada en algunos de los partidos que se sumaron a la quema de Bosch tras presentarse la denuncia. Sea como fuere, el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa acabó archivando la causa contra el ya expresidente de Sociedad Civil por prescripción de los supuestos hechos. Pero Bosch ya estaba fuera de la asociación.

Durante todo ese tiempo, e incluso años después, también en 2017, Bosch tuvo que aprender a vivir entre seguimientos y acoso. Porque, casualmente, sus movimientos, domicilio o lugares habituales eran muy conocidos en determinados ámbitos. Tanto que su casa en Santpedor, a unos pocos kilómetros de Manresa, se convirtió en objetivo habitual de pintadas, insultos, amenazas y coacciones varias.

No fue la única asociación o entidad a la que se espío. Entre las indicaciones incluidas en los informes de los Mossos aparecen “enlaces a otras entidades como La Traca, La Camarga, Método 3, etc.” destaca la documentación incautada. De hecho los propios mossos que no querían actuar en clave separatista también fueron analizados e investigados al detalle. Con ese fin fue espiado, por ejemplo, el presidente de una de las principales asociaciones de mossos. Así aparece “un informe del Secretario General del Sindicato de Policíes de Catalunya, David José Mañas, donde también figuran datos relativos a su mujer Sònia Blanch Torrents y a su hijo”, destaca la documentación capturada por la Policía.

Todo ello ocurrió con el consentimiento, conocimiento y colaboración de distintos mandos del cuerpo regional de policía y, tambien, durante el mandato del mayor Josep Lluís Trapero, quien, por ejemplo, vio operar bajo su responsabilidad a una unidad, la UCRO, centrada en el espionaje, en el hackeo de teléfonos, ordenadores, mails, etc. Una unidad que llegó a estar equipada con dos furgonetas dotadas de las últimas tecnologías para el pinchado y violación de la intimidad. Y que, además, sufría poco la crisis: fue dotada de forma sistemática con fondos reservados.

Porque bajo el manto de los Mossos se llegó usar a los agentes autonómicos para espiar, informar y delatar, incluso, los movimientos y operaciones que realizaban la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo hicieron durante años y también el 1-O, tal y como se desprende, una vez más, de la información recopilada en los informes que los agentes del cuerpo autonómico pretendieron destruir el 26 de octubre, justo cuando fueron interceptados por una decena de efectivos de la Policía Nacional que impidieron a los Mossos d’Esquadra destruir las pruebas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Ahora, todo ese material está ya en poder judicial o, como es el caso de los espionajes a Sociedad Civil Catalana y a su ex presidente Bosch, serán entregados este martes.