El capote de la juez a los imputados del Gobierno: «El momento era muy complicado, ¿verdad?»

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, que investiga a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por las adjudicaciones por importe de 315 millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, echó un capote a uno de los ex altos cargos del Ejecutivo investigados en la causa. La instructora formuló preguntas teledirigidas al imputado Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). «Un comportamiento inusual en los magistrados cuyo deber es perseguir el delito», señalan a OKDIARIO fuentes consultadas.

Este periódico ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de los tres ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez imputados por delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos covid. El pasado 7 de abril de 2022, el ex director del Ingesa, Alfonso Jiménez; la ex directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, tuvieron que declarar en sede judicial ante la juez.

Durante el interrogatorio de Alfonso Jiménez, la magistrada Concepción Jerez le preguntó: «Bien, el momento en el que se firman esos contratos es un momento complicado, ¿no?». Tras el capote que la instructora acababa de echarle, el imputado se reafirmó: «Complicado, no. Era tremendamente complicado. Era un momento en el que faltaba material en todo el mundo. Nos estaban llamando continuamente de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas diciendo que les faltaba material». «Se estaban contagiando muchos profesionales sanitarios y muchos, desgraciadamente, muriendo. Era una situación realmente dramática y en esos momentos a mí se me encargó una orden comunicada del ministro (Salvador Illa) para adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos con el objetivo de hacer frente a esta situación», explicó de aquel momento.

La magistrada no sólo formuló preguntas «exculpatorias», según señalan fuentes consultadas a este periódico, sino que además interrumpió en varias ocasiones a la letrada de Vox, partido querellante y que ejerce la acusación popular en la causa, impidiendo a la citada letrada Marta Castro interrogar al imputado con el objetivo de dilucidar el delito que se investiga en dicha causa. «La instructora, en lugar de mostrar un claro interés en perseguir el delito, parecía que ejercía la representación letrada del investigado», señalan las mismas fuentes consultadas anteriormente. OKDIARIO reproduce la declaración ante la juez de Alfonso Jiménez Palacios.

Juez. –¿Va a hacer usted alguna pregunta?

Abogada de Vox. –Sí, Señoría, con su venia. En las memorias justificativas de los contratos que firma usted no aparece el perfil del contratante, ni los datos fiscales, el domicilio social o el establecimiento. Muchas eran empresas de nueva creación y con muchas deficiencias que con posterioridad no fueron subsanadas. ¿Me podría decir por qué?

Juez. –¿Cuál es la pregunta?

Abogada de Vox. –Que por qué aparecen en la memoria justificativa esas deficiencias en la información del contratante. ¿Por qué se hizo así? ¿Por algún motivo?

Juez. –No entiendo la pregunta.

Abogada de Vox. –La pregunta es que por qué en la memoria justificativa no incluyen los datos de las empresas como, por ejemplo, la identificación fiscal, domicilio social o establecimiento mercantil conforme detalla la Ley de Contratos Públicos.

(…)

Abogada de Vox. –¿Por qué se produjeron esos errores?

Juez. –Ya está explicado.

(…)

Abogada de Vox. –Precisamente esos errores se produjeron también con las empresas españolas.

Juez. –¿Cuál es la pregunta?

Abogada de Vox. –Pues que por qué, si no les resulta extraño que eso ocurra o si tiene alguna explicación. Si no la tiene…

Juez. –Ya lo he explicado.

Abogada de Vox. –No señoría.

(…)

Abogada de Vox. –El otro caso es la empresa Value & Bro SL.

Juez. –¿Cuál es la pregunta?

Abogada Vox. –Pues la que su señoría me dijo que hiciese, que explicase algún caso de empresas de reciente creación o que se dedicaba a otro objeto social y que no tenía experiencia previa. El contrato está en el documento 26.

Juez. –Pero eso lo afirma usted.

Abogada Vox. –Bueno, de los documentos que hemos aportado, el documento 26, afirmamos que en ese documento no aparece este dato y que ahora puede solucionarlo.

Alfonso Jiménez (imputado). –¿El dato de qué, perdone?

Abogada Vox. –Me ha dicho su señoría que especifique qué documentos y qué empresas…

Juez. –No.

Abogada Vox. –No, señoría es así.

Juez. –Vamos a ver, usted es la querellante y usted afirma una serie de irregularidades, tendrá que precisar cuáles son las irregularidades y que le conteste.

Durante los dos años y medio de instrucción, la magistrada no se ha interesado en perseguir el delito denunciado por el querellante y se ha limitado a exigir a la acusación popular que realice un trabajo que corresponde a los investigadores.

Este periódico ha tenido acceso a todas las actuaciones practicadas desde que se abrió la causa a mediados de 2020. Hay que destacar que, durante todo ese tiempo, la magistrada no ha ordenado ni una sola diligencia a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Los únicos escritos presentados, por el momento, son los requerimientos del partido político Vox, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía. Estos dos últimos se han pronunciado sólo para pedir el archivo de la causa. Además, hay que destacar que el fiscal ni siquiera acudió al interrogatorio de los imputados.