El equipo de gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena mantiene como director de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid a Álvaro Curiel, quien esta semana ha sido imputado en la causa abierta por el pago de sobornos en Angola y la República Dominica a través del consorcio Mercasa Incatema.
Álvaro Curiel cobra un sueldo de 75.000 euros anuales de Mercamadrid, el mercado de abastos participado por el Ayuntamiento (51%) y la empresa pública Mercasa, que depende de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a ocho miembros de la cúpula directiva de la empresa pública Mercasa por un desfalco de al menos 9 millones de euros cometido a través de su filial Mercasa Incatema. Los correos electrónicos y pinchazos telefónicos intervenidos por la Guardia Civil acreditan que una parte de este dinero se habría destinado al pago de sobornos y el reparto de comisiones ilegales en Angola, Venezuela, Panamá y la República Dominicana, países en los que el consorcio construye varios mercados de abastos.
La Guardia Civil intervino el miércoles abundante documentación en la sede de la empresa pública, coincidiendo con la detención de su director de Operaciones y Estrategia, Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Dimite el presidente de Mercasa
Entre los imputados se encuentra el actual presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, que es miembro de la junta directiva nacional del PP y ha presentado su dimisión este viernes. Otros tres investigados (Álvaro Curiel, María Jesús Prieto y Miguel Ramírez) han ocupado durante los últimos años la presidencia del consorcio Mercasa Icatema. Los dos últimos son actualmente miembros del consejo de administración de Mercamadrid que preside la concejal Marta Higueras.
Álvaro Curiel ocupó la presidencia de Mercasa Icatema (la filial utilizada para pagar sobornos en el extranjero) desde febrero de 2011 a junio de 2012. Tras las elecciones municipales de 2015, el equipo de gobierno de Manuela Carmena lo nombró director de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid.
Desde este cargo, Álvaro Curiel ha colocado en Mercamadrid a al menos dos directivos que participaron en los proyectos internacionales de Mercasa Incatema que ahora investiga el juez De la Mata.
Uno de ellos es el nuevo director de Mercados de Mercamadrid, Antonio Roldán Bonilla, que participó en los proyectos de construcción de los mercados de abastos de Angola y República Dominicana. Roldán Bonilla se jubiló a los 65 años, pero el equipo de gobierno de Manuela Carmena lo recuperó para ocupar este cargo directivo, por el que cobra 75.000 euros anuales pese a que carece de cualquier tipo de titulación académica.
Tiene una empresa de empleo basura
Más recientemente, se ha incorporado a la plantilla de Mercamadrid con un contrato indefinido José Miguel Villar, quien a través de su empresa Gadea Instrucciones y Operaciones fue el encargado de realizar las auditorías de seguridad de los mercados de abastos construidos por Mercasa Incatema en Angola, Panamá y República Dominicana. Tres de los proyectos que ahora investiga el juez José de la Mata.
Como ha informado OKDIARIO, Álvaro Curiel es socio de dos empresas privadas que son incompatibles con su actual cargo público de director de Infraestructuras de Mercamadrid. Hasta el pasado mes de noviembre, ha sido administrador único de MakeMarket Consulting SL, una consultora especializada en el sector comercial.
Además, tras ser nombrado directivo de Mercamadrid se ha dedicado a promocionar otro proyecto del que es accionista, WorkToday, una aplicación de teléfonos móviles para encontrar trabajos por horas.
En cuanto a María Jesús Prieto, presidió hasta febrero de 2011 el consorcio Mercasa Incatema, al que ha continuado luego vinculada como secretaria de su consejo de administración. En la actualidad es consejera de Mercamadrid. Este viernes ha sido cesada como secretaria general de Mercasa, un cargo que antes ocupó su marido, Arturo Cortés de la Cruz.
Pago de mordidas en Angola
El Ministerio de Comercio de Angola adjudicó a Mercasa Incatema por 285 millones de euros la construcción de un mercado de abastos y un centro logístico que ocupan 20 hectáreas de terreno en Luanda (Angola). Una parte de la inversión está respaldada por la Agencia de Crédito a la Exportación (ACE) Española a través del seguro de crédito Cesce.
Según la causa que el juez José de la Mata instruye en la Audiencia Nacional, el pago de sobornos se habría producido en la tramitación de este proyecto, a través de sociedades tapadera. Mercasa Incatema también construye y gestiona mercados de abastos en Haití, República Dominicana, Honduras, Venezuela, Salvador, Ecuador, Senegal, Ghana, Mozambique y Kenia.
En el caso de Haití –donde también existen sospechas del pago de comisiones ilegales–, la Unión Europea adjudicó a Mercasa Incatema en 2015 la construcción de un mercado mayorista en Ouanaminthe.
Un beneficio de 10,6 millones
En el ejercicio 2015, el consorcio destinó 170.000 euros a pagar el sueldo de sus dos principales directivos y registró un beneficio de 12,4 millones de euros. De esta cantidad, destinó a dividendos 10,6 millones de euros, que se repartieron a partes iguales entre los dos socios del consorcio: la empresa pública Mercasa e Incatema Consulting & Engineering SL, presidida por Javier Pardo de Santayana Dubois.
El pasado mes de marzo, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial, cesaron de sus cargos todos los miembros del consejo de administración de Mercasa Incatema. Sus funciones fueron asumidas, como administradores mancomunados, por Pablo González (que fue detenido el miércoles, al mismo tiempo que su hermano, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González) y Javier Pardo de Santayana.
