Hacienda permite que los okupas invadan decenas de pisos de lujo embargados en Madrid

Hacienda permite a los okupas invadir decenas de pisos de lujo embargados que fueron construidos en Madrid para los Juegos Olímpicos a los que la ciudad se presentó como candidata. Las viviendas, situadas en el distrito de Barajas, están embargadas desde 2015 a uno de los mayores morosos con el fisco. El propietario se desentendió y Hacienda consintió que decenas de esos apartamentos de la misma urbanización fueran presa de okupas y de saqueadores. Desde entonces no ha ejecutado los embargos, con el consiguiente perjuicio para los vecinos y el hotel de lujo contiguo a los apartamentos. Escombros y basuras son el escenario de trapicheo de drogas y peleas diarias en el número 3 de la calle Lola Flores.

La primera imagen que tienen de Madrid miles de turistas que aterrizan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es más propia de un país tercermundista. Desde la ventanilla del avión se aprecian a simple vista tres bloques de apartamentos de lujo saqueados y tomados por decenas de okupas, jardines con escombros y basuras, ventanas a las que arrancaron los marcos para venderlos, enganches ilegales de luz y cables pelados hasta donde alcanza la vista. Se trata del complejo de apartamentos Aragón Suites, contiguo a un hotel de cuatro estrellas que sufre la maldición de la okupación desde hace años con el consentimiento de la Hacienda Pública.

Los bloques se construyeron dentro de los proyectos del frustrado Madrid olímpico, cuatro edificios, 250 apartamentos, que cayeron en manos de Rafael Gómez Arribas, uno de los empresarios que figura en los primeros puestos de la lista de los mayores morosos con Hacienda. Es el mismo empresario que se hizo con el aeropuerto de Ciudad Real en una rocambolesca operación financiera y adeuda al Ministerio de Hacienda más de 20 millones de euros.

Durante los primeros años de vida, los inquilinos llegaron a pagar hasta 1.000 euros mensuales por el alquiler de los apartamentos, todos amueblados con detalle y algunos con patio inglés. La empresa les obligaba a pagar en metálico, recuerdan algunos, sin conocer el motivo.

Sin embargo, al menos desde 2015, decenas de apartamentos fueron poco a poco embargados por la Hacienda Pública para cobrar una deuda de 12 millones de euros del empresario. Poco a poco, la mayoría de los inquilinos se fueron marchando, mientras desaparecía el mantenimiento de los cuatro bloques de apartamentos turísticos, cayendo la urbanización en un abandono que rayaba la ruina.

En todo este tiempo, más de ocho años, Hacienda no ha ejecutado el embargo, desentendiéndose de esos activos inmobiliarios, y los antiguos inquilinos han sido sustituidos por decenas de okupas.

En la actualidad, confirma el administrador de la propiedad, el empresario se ha desentendido por completo de todos los apartamentos, los okupados y los que son legales, cortándoles la luz a todos los inquilinos, incluidos los que se mantenían al corriente de pago. Los inquilinos no han vuelto a conseguir contactar con la empresa y de los cuatro bloques, sólo uno se mantiene en pie con dignidad: el de los que pagaban el alquiler hasta que les cortaron la luz hace unos meses. Los otros tres bloques han sido tomados por los okupas, en uno predominan los de origen latinoamericano, en otro los africanos y en el tercero los de origen español. El empresario debe a la comunidad, constituida por los propietarios de los solares cercanos, más de 200.000 euros en mensualidades.

Con los okupas llegaron las peleas y el menudeo de drogas, denuncian los inquilinos «legales», y también los enganches de luz al hotel de cuatro estrellas. Montones de basura y de escombros se esparcen por los jardines, las zonas comunes, los vestíbulos y los pasillos de los edificios. El evidente abandono tuvo su particular efecto llamada y cuadrillas de saqueadores se acercan desde hace años para robar todo lo que encuentran. Se llevaron las calderas, los aparatos de aire acondicionado, las tuberías de cobre, la grifería y hasta arrancaron los porteros automáticos de los bloques okupados.

Ahora, ocho años después del primer embargo, los inquilinos se encuentran en una especie de limbo jurídico porque el propietario se ha desentendido de ellos y un centenar de okupas campa a sus anchas viviendo en pisos embargados por Hacienda que no termina de ejecutar los embargos. Una situación que supone un perjuicio para las arcas públicas y deja que los okupas se desenvuelvan con absoluta impunidad.

Un infierno para los inquilinos, la ruina para el hotel cuyas zonas comunes dan al basurero en que se ha convertido la urbanización embargada, y una pesadilla para la Policía que todas las noches debe acudir a sofocar enfrentamientos y peleas.