Guerra en los grupos subacuáticos de la Guardia Civil ante la pasividad de Interior

La guerra abierta en el interior de las unidades de los buceadores de la Guardia Civil en Melilla, Valladolid y Sevilla se cobra ceses de agentes que afectan a la atención que reciben los ciudadanos de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) sin que el Ministerio de Interior actúe para evitarlo. En estas unidades con personal tan especializado, basta que falte alguno de sus miembros para que se resienta el servicio.

Se trata de una serie de conflictos, idénticos en las tres unidades de los GEAS. En todos, grupos de guardias recién llegados a la unidad han denunciado por corrupción a los suboficiales veteranos que las mandan.

En concreto, los guardias acusan a sus jefes, sargentos o brigadas de quedarse con material de buceo para revenderlo, falsear facturas o hurtar combustible en los repostajes de los vehículos de estas unidades.

En Sevilla, un cabo primero y un guardia denunciaron al sargento jefe acusándole de quedarse, gracias a facturas falsas, con el dinero destinado a la reparación de las embarcaciones de la unidad. También le acusaron de obligarles a hacer trabajos para el Club Náutico de Sevilla y otras irregularidades. Acusaciones que finalmente han sido desestimadas por sentencia del Tribunal Militar Central, ordenando que se anulara la suspensión de empleo que sufrió durante dos años y se le reintegraran con intereses todas las retribuciones que había dejado de percibir durante el castigo anulado.

En Valladolid, el sargento jefe de los GEAS de Castilla y León se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde hace meses, investigado por fraude, falsificación de documento público y malversación. El punto de partida fue una denuncia anónima cuyo origen está cercano al arrestado, y que surgió tras roces con sus subalternos. Hay otro guardia, laureado y condecorado, al que alguien denunció también, por presuntamente distraer el combustible de los vehículos del grupo e inflar facturas. El Servicio de Información de la Guardia Civil llegó a detenerle hace meses, pero no informó de ello en ningún juzgado ni hay causa judicial alguna abierta en su contra, cuentan fuentes de la benemérita. El lío es mayúsculo, pero ni sus superiores ni el Ministerio de Interior han reaccionado, mientras las vidas de los guardias siguen en suspenso y el servicio se resiente.

En el caso de Melilla, los guardias denunciaron a su brigada jefe por amenazas de muerte e incluso por supuestamente ocultar un accidente de buceo. Fue en el año 2018, y el jefe de la Comandancia de Melilla cesó al brigada que fue absuelto en firme hace tan sólo unos meses. Durante todo este tiempo, el juzgado de Melilla ha investigado a un total de 21 guardias civiles por supuestas irregularidades con las facturas del GEAS de la Ciudad Autónoma.

En este último caso, los acusadores son ahora acusados. El cabo y los tres guardias del GEAS, que culparon a sus compañeros absueltos, se enfrentan ahora a las acusaciones del delito militar de deslealtad por supuestamente mentir para perjudicar el servicio.

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) creen que las denuncias y los incidentes en las tres unidades de Sevilla, Valladolid y Melilla, son semejantes porque obedecen al mismo objetivo. En Aprogc creen que con sus denuncias, los guardias pretendían provocar el cambio de destino de los jefes que no se plegaban a la voluntad de sus subordinados. En el caso de Melilla en concreto, la asociación denuncia que se destituyó cautelarmente al brigada jefe y se entregó el mando del GEAS al cabo primero que le denunció y ahora está investigado por deslealtad.

Todo esto ocurría sin que el Ministerio de Interior pusiera fin a esta guerra en las unidades del GEAS con decenas de guardias implicados en el conflicto. Ahora, tras el archivo del caso contra el brigada del GEAS de Melilla, Interior se enfrenta al pago de una indemnización de más de 170.000 euros por los daños ocasionados al brigada jefe, sancionado tras la denuncia de acoso laboral que finalmente el Tribunal Militar Central determinó que nunca existió.

Por todos estos hechos, el próximo lunes 17 de abril, el coronel de la Unidad de Actividades Subacuáticas y otros seis oficiales y suboficiales, están llamados a declarar en el Juzgado Togado Militar de Melilla, en un nuevo capítulo de esta guerra interna en el GEAS.