La Fiscalía ha ocultado al juez que la menor tutelada por el Govern balear fue obligada a abortar

El informe elaborado por el grupo de Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil que está desvelando estos días OKDIARIO contiene 44 páginas a una cara, más otras 20 anexadas con las declaraciones de testigos. El documento fue entregado en la Fiscalía de Islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca el pasado 20 de agosto. El atestado policial que explica todo lo ocurrido a la menor tutelada y fugada de un centro del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) durante más de un año, fue ampliado con nuevas diligencias el 1 de octubre de 2021, pero ni el original ni su ampliación han sido entregados todavía a un juez.

Estos días OKDIARIO ha contado la historia de María (nombre ficticio), la menor tutelada por el IMAS del Govern balear, que fue obligada a abortar en noviembre de 2020 después de quedarse embarazada. Además, el IMAS denunció su desaparición ante la Guardia Civil y mantuvo la denuncia activa durante 13 meses, a pesar de que tenían localizada a la menor en casa de su novio.

Se desconoce el motivo por el que el órgano encargado de estudiar y valorar los atestados policiales en búsqueda de indicios delictivos no ha estimado que el caso de una menor tutelada por el IMAS y que permaneció desaparecida durante 13 meses sea objeto de investigación judicial, aunque en este caso quizás lo que esté en tela de juicio es la actuación del Gobierno de Francine Armengol y su posible responsabilidad.

En agosto de 2020 la menor, con el nombre ficticio de María para preservar si intimidad, se escapó por última vez del centro de menores de Mallorca donde estaba tutelada por el IMAS. Este organismo interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, los encargados por demarcación de hacerse cargo de la investigación. El caso de María se reactivó a raíz de que la Fiscalía de Menores archivase una denuncia sobre al menos 16 menores prostituidas en octubre de 2020. El escándalo alcanzó tal dimensión que la Unión Europea decidió hace apenas un mes enviar una comisión a la isla balear para investigar estos casos.

Esta lentitud de la Fiscalía no es la única dilación sufrida con este asunto de la menor tutelada, ya que el IMAS de Mallorca ocultó durante meses el paradero de María, la menor tutelada y desaparecida de uno de sus centros, a la Guardia Civil que investigó este suceso desde el principio como una desaparición inquietante, prácticamente como si se tratase de un homicidio.

Los investigadores dedicaron meses de búsqueda desde cero, sin pistas claras, a pesar de que el IMAS sabía que la menor vivía en casa de su novio en Palma de Mallorca y este dato es de una importancia vital, ya que el IMAS nunca reclamó a la Policía que detuviese a María, ni que la reintegrase al centro de donde había escapado, como dictan los protocolos en casos de menores.

Los responsables de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes sabían dónde estaba la niña desaparecida al menos desde noviembre de 2020, aunque la denuncia fue interpuesta en agosto del mismo año. Sin embargo, nadie retiró la denuncia que decayó sola el 30 de septiembre de 2021, más de un año más tarde, cuando la Guardia Civil habló por teléfono con la joven desaparecida y comprobó que no estaba retenida en contra de su voluntad. Así que fue la propia Benemérita la que se encargó de eliminar de la base de datos del Centro Nacional de Desaparecidos (CND) la alerta por la desaparición de María cuyo cartel con fotografía, edad y datos físicos, no se publicó hasta el 21 de septiembre de 2021, 13 meses después de la denuncia por su desaparición. La menor, tras ver su fotografía en periódicos y televisiones de toda España y ver el revuelo que se había montado con su búsqueda colaboró con la Guardia Civil, aunque mostró su temor a volver a ser internada en un centro del IMAS, a lo que se negaba.

El desenlace de la investigación policial, que no judicial de este tema, coincidió con la denuncia efectuada por Vox ante la misma Fiscalía contra los altos cargos del IMAS y de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes de las Islas Baleares, cuya responsabilidad todavía está por aclarar.