El ex alcalde socialista de Getafe almorzó con el juez del caso teatro antes de la denuncia al PP

El ex alcalde socialista Pedro Castro, en el centro de la imagen, y el juez decano de Getafe, Javier Achaerandio, a su derecha.
El ex alcalde socialista Pedro Castro, en el centro de la imagen, y el juez decano de Getafe, Javier Achaerandio, a su derecha.

El «caso teatro» donde se investiga el supuesto amaño de contratos para construir un teatro en Getafe durante la alcaldía del popular, Juan Soler, vuelve a dar un giro de 180 grados.

OKDIARIO pública en exclusiva una fotografía tomada en 2013, sólo unos meses antes de que el concejal y portavoz del PSOE, José Manuel Vázquez, presentará la primera denuncia por este caso. La Fiscal de Getafe, Mª Belén Fernández-Capote, archivó meses después las diligencias al entender que los hechos no eran «constitutivos de delito».

En el centro de la imagen, se puede apreciar al ex alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, que en esos momentos aún era concejal, almorzando con el juez decano de Getafe, Javier Achaerandio a su derecha, que es el instructor actual del «caso teatro». El otro comensal presente, a la izquierda de la mesa, es el ex regidor socialista de Getafe entre 1979 y 1983, Jesús Prieto.

Tras el archivo de la Fiscalía de esta primera denuncia del PSOE, el ex asesor socialista, Roberto Benítez, presentaba una segunda denuncia por estos mismos hechos que en la actualidad sí investiga Achaerandio.

El almuerzo entre Castro, Achaerandio y Prieto tuvo lugar en una zona discreta del restaurante «Aderezo» situado en la calle Ernesto Che Guevara nº 2 de esta localidad madrileña.

El ex alcalde socialista Pedro Castro, en el centro de la imagen, y el juez decano de Getafe, Javier Achaerandio, a su derecha.
El ex alcalde socialista Pedro Castro, en el centro de la imagen, y el juez decano de Getafe, Javier Achaerandio, a su derecha.

Restaurante Aderezo de Getafe (Madrid).
Restaurante Aderezo de Getafe (Madrid).

Castro, que ostentó la alcaldía entre 1983 y 2011, fue derrotado por el popular Juan Soler, que fue regidor del municipio hasta 2015. A partir de esta fecha, los socialistas volvieron a retomar la alcaldía con Sara Hernández.

Este encuentro, por tanto, se produjo mientras Juan Soler era alcalde de Getafe y sólo unos meses antes de que el concejal del PSOE, compañero de Pedro Castro, presentara la primera denuncia del «caso teatro» archivada por el Ministerio Público.

Las fuentes consultadas aseguran que es «vox populi en Getafe la buena relación que mantienen desde hace años Pedro Castro y el juez instructor del «caso teatro». De hecho, según dichas fuentes, «es habitual ver a los tres jugando a las cartas en otros restaurantes» de la localidad.

Tal y como recoge, el escrito publicado por este diario donde Juan Soler pide la nulidad de las actuaciones, en noviembre de 2012 “Pedro Castro le entregó al Juez Instructor de este procedimiento (Javier Achaerandio) el premio ‘A toda una trayectoria’, galardón que concedía el periódico local ‘Getafe Capital’”.

“Curiosamente”, añade el escrito, “en el momento en que se entregó ese premio, el editor de este medio de comunicación era Jesús Prieto, ex alcalde socialista de Getafe, tercer comensal de la fotografía publicada por OKDIARIO.

El juez decano de Getafe, Javier Achaerandio y el ex alcalde socialista del municipio, Pedro Castro.
El juez decano de Getafe, Javier Achaerandio y el ex alcalde socialista del municipio, Pedro Castro.

Según el recurso presentado por Soler, la cercanía del juez decano de Getafe con el PSOE del municipio continúa durante la alcaldía de Sara Hernández, ya que aseguran, su consistorio se beneficia de constantes “filtraciones” sobre la investigación.

En el escrito de nulidad, la defensa del dirigente popular denuncia que el juez Achaerandio “a sabiendas de su incompetencia ha practicado una serie de diligencias en relación con un aforado”. “El Juez tenía pleno conocimiento de la condición de aforado de mi representado, dado que ostenta la condición de Senador en la actualidad”.

De hecho, así se lo advirtió la Brigada Provincial de Policía Judicial al instructor en un informe, y por tanto, la investigación tendría que estar en manos del Tribunal Supremo.

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