Dos periodistas de Reuters condenados a siete años de cárcel en Myanmar

minoría musulmana rohingya
Unas mujeres participan en una manifestación que pide la expulsión de la minoría musulmana rohingya de su país. Foto: AFP

El Tribunal Supremo de Myanmar ha rechazado el último recurso presentado por las defensas de los dos periodistas de Reuters, Wa Lone, de 33 años, y Kyaw Soe Oo, de 29, encarcelados desde diciembre de 2017 mientras trabajaban en una investigación sobre los asesinatos de miembros de la comunidad musulmana rohingya. Así, se confirma para ellos una pena de prisión de siete años por violar la Ley de Secretos Oficiales vigente en Myanmar y que establece condenas de hasta catorce años de cárcel a quien obtenga, registre o comunique documentación o información de carácter confidencial que pueda ser “perjudicial para la seguridad o los intereses del Estado” y/o “útil para un enemigo” del país.

La historia procesal

Ambos periodistas fueron arrestados el 12 de diciembre de 2017, horas después haber invitado a cenar a dos policías a los que no conocían y con los que habían quedado para que los oficiales les entregaran documentos que probaban la implicación de las Fuerzas Armadas de Myanmar en el asesinato de diez hombres pertenecientes a la etnia de los rohingya en el Estado de Rajine, en el oeste del país. El 27 de diciembre de 2017, tras permanecer dos semanas recluidos en una localización desconocida y sin contacto con familiares y abogados, comparecieron por primera vez ante el tribunal.

Ya en enero de 2018, el Ejército de Myanmar reconoció que sus soldados habían participado en el asesinato de diez musulmanes que habían sido capturados durante el anterior mes de septiembre tras una serie de ataques insurgentes y que, por lo tanto, se había abierto una investigación en el seno de las Fuerzas Armadas, la cual acabó con la condena de siete soldados a diez años de cárcel y su expulsión del cuerpo militar del país.

Un mes más tarde, en febrero del año pasado y tras varias audiencias judiciales en las que se confirmaron los cargos de los dos periodistas por revelación de secretos oficiales, el tribunal finalmente les negó la libertad bajo fianza y los envió de vuelta a la prisión de Insein en Yangon, si bien un testigo de la policía reconoció que la información de los documentos que les habían sido entregados a los reporteros ya había sido publicada con anterioridad en otros informes periodísticos.

El juez encargado del caso, Ye Lwin, alegó que los documentos no eran “información pública”, sino “confidenciales” y que habrían sido “útiles” para “los enemigos del Estado y las organizaciones terroristas”, y que, como los reporteros estaban en posesión de los mismos – aunque se los hubiera entregado la propia Policía – estaban violando la Ley de Secretos Oficiales. El 3 de septiembre de 2018, Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron condenados a siete años de cárcel, si bien la sentencia fue apelada, lo que se ha resuelto finalmente este martes con el rechazo del recurso.

Cabe destacar que el testigo de la fiscalía, el capitán de Policía Moe Yan Naing, llegó a reconocer, en abril del año pasado, que sus superiores les habían dado órdenes para entregarles los documentos a los reporteros con el fin de tenderlos una trampa y arrestarlos instantes después. Es decir, se planteó que la reunión en el restaurante había sido una trampa que tenía el objetivo de impedir el trabajo de los periodistas y castigarlos por informar sobre los asesinatos masivos de musulmanes rohingyas que se estaban produciendo en Myanmar. Del mismo modo, la Policía testificó que había habido irregularidades durante el proceso judicial, desde la detención hasta el juicio, como, por ejemplo, que los teléfonos de los reporteros fueron confiscados y sus casas registradas sin una orden judicial.

Por estas razones, la sentencia contra los dos reporteros ha sido criticada por periodistas y grupos de la sociedad civil en Myanmar; por Reuters y por abogados y asociaciones por la libertad de expresión; por ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; por Naciones Unidas y la Unión Europea; y por diversos países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido. Todos ellos acusan a las autoridades de Myanmar de violar los principios fundamentales de la libertad de expresión e información, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Por la investigación que llevaron a cabo, Wa Lone y Kyaw Soe Oo han sido galardonados con el Premio Pulitzer 2019 en la categoría de Reportaje Internacional y, en concreto, “por exponer de manera experta a las unidades militares y aldeanos budistas responsables de la expulsión sistemática y el asesinato de musulmanes rohingya de Myanmar; una cobertura valiente que llevó a sus reporteros a prisión”. Asimismo, en 2018, la prestigiosa revista TIME les nombró Persona del Año, junto con el periodista asesinado saudí Jamal Khashoggi y otros dos trabajadores de la información.

Los Rohingya

Los Rohingya son una comunidad étnica musulmana minoritaria asentada en el territorio de Myanmar. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados  (UNHCR, por sus siglas en inglés), desde 1990, la violencia empleada contra ellos por parte de las autoridades birmanas ha provocado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas al país vecino, Bangladesh. El último éxodo comenzó el 25 de agosto de 2017, cuando se produjo un nuevo estallido del conflicto en el Estado de Rajine, lo que generó la huida masiva de 723.000 personas a Bangladesh. Esto ha derivado en la saturación de los campos de refugiados habilitados – como Cox’s Bazar –, la consecuente hacinación de las personas y las condiciones insalubres de vida que se padecen en dichos emplazamientos.

En cuanto a la cifra oficial de muertos, las autoridades de Myanmar la sitúan en 400 personas, pero de acuerdo con el último informe publicado por la ASEAN más de 43.000 personas se encuentran en paradero desconocido, presumiblemente asesinadas.

La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, decidió abrir, en abril del año pasado, una investigación preliminar por los presuntos delitos cometidos contra la población rohingya en Myanmar y su deportación a Bangladesh, como la privación de derechos fundamentales, el asesinato, la violencia sexual, la desaparición forzada, la destrucción y el saqueo, los cuales podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad e, incluso, genocidio. Actualmente, el caso sigue en fase preliminar.

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