El coronavirus hace tambalear a seis gobiernos en el mundo con cifras menos dramáticas que las de España

El nivel de incompetencia alcanzado en la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que ha colocado a España en el segundo país con más muertos de coronavirus de Europa y del mundo tras Italia parece no ser razón suficiente para reconocer errores, asumir responsabilidades y depurarlas, a través de ceses y destituciones.

La ejemplaridad que todo gobernante en un país democrático debe demostrar ante la opinión pública parece haberse convertido para el actual Ejecutivo en una emulsión de agua y aceite que nunca se entremezclan. La actuación del Ejecutivo es diametralmente opuesta a países vecinos como Holanda, Rumanía, Ucrania o, algo más lejanos, Ecuador y, más recientemente, Nueva Zelanda, donde los ministros de Sanidad han sido destituidos fulminantemente ante las críticas de la opinión pública y de la oposición política por lo que ellos definen como «mala gestión», pero cuyas cifras de contagiados y muertos está muy por detrás de los trágicos números de España.

A pesar de que Pedro Sánchez es el líder político europeo menos valorado y más criticado por su mala gestión del coronavirus por parte de los españoles, ponerse de perfil y mirar hacia otro lado ha sido el camino preferido por el gobierno socialcomunista ante un principio sagrado del Estado de Derecho como es la rendición de cuentas.

El primero en dimitir fue el ministro de sanidad holandés, Bruno Bruins, el pasado 20 de marzo, cuando el número de muertes en el país era de 76 y los contagiados, 2.460. En esa misma fecha, la cifra de muertos por coronavirus en España superaba por vez primera el millar y la cifra de contagiados era ya de 20.000.

Los test ‘piratas’ de Sánchez

El siguiente ministro en presentar su dimisión irrevocable fue el ministro de Sanidad en Rumania, Víctor Costache, el pasado 26 de marzo ante la tormenta generada en el país por la crisis sanitaria. Las principales críticas dirigidas al entonces ministro que le costaron su cargo fue la ausencia de test y el nivel de contagios del personal sanitario. Curiosamente los mismos problemas, multiplicados exponencialmente, afectaban a España por la política negligente del Gobierno que desde el comienzo del confinamiento y del estado de alarma anunció la llegada de dichos test que llegaron tarde y cuando lo hicieron, eran defectuosos.

Desde el director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pasando por el ministro de sanidad, Salvador Illa, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometieron la llegada de unos test que empezaron a llegar cuando el número de contagios superaba los 100.000 y el número de muertos, los 10.000. El presidente del Gobierno había llegado a decir el 21 de marzo que los test que estaban llegando eran «fiables y homologados» cuando luego se comprobó que eran test piratas. A día de hoy, nadie ha asumido responsabilidades, ni siquiera ha pedido disculpas.

Todo ello contrasta con lo ocurrido en Ucrania, país que según los informes internacionales sobre calidad democrática está muy lejos de España, pero  donde su ministro de Sanidad, Illia Yemets, tuvo que dimitir a finales de marzo por el error cometido con los test piratas de China. Allí, la cifra de muertos por coronavirus apenas supera el medio centenar en la actualidad.

El caso de Ecuador es otro paradigma al que hay que prestar atención. La ministra de Sanidad, Catalina Andramuño, y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, renunciaron a sus puestos a finales de marzo cuando la cifra de fallecidos a causa de la pandemia era de siete y los contagiados apenas superaban los 500. El ministro de Trabajo presentó su dimisión tras confirmar su positivo al coronavirus.

«Nuestros nombres en la historia de la infamia»

En una misiva dirigida al presidente del país decía: «He decidido que es el momento para cuidar de la salud, razón por la que decido dar un paso al lado y poner en conocimiento suyo mi renuncia al cargo». En el caso del gobierno español, ni la ministra de Igualdad, Irene Montero; ni la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; ni la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, adoptaron la misma actitud de su homólogo ecuatoriano cuando fue descubierto su positivo.

Otro caso de bien diferente al del gobierno de España es el de Jordania. En el país de Oriente Medio considerado por numerosas ONGs como «parcialmente libre», dado que las libertades civiles y los derechos políticos están teóricamente a años luz de España, se prepara una crisis de gobierno por las críticas de mala gestión de la pandemia cuando sólo hay registrados cinco muertos y 345 casos. La primera víctima política hasta la fecha ha sido el ministro de Agricultura.

Ni siquiera China, país considerado por todos los analistas como una dictadura comunista y, teóricamente, más proclive a no someterse a la rendición de cuentas habitual en una democracia, destituyó en mitad de la crisis a los responsables del Partido Comunista en la provincia y ciudad, epicentros de la crisis, Hubei y Wuhan. Incluso el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, presentó su dimisión a finales de enero a través de una carta en la que decía que «nuestros nombres vivirán en la historia de la infamia», hecho que contrasta con las bochornosas declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien manifestó hace poco que: «este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada».

El último caso conocido de dimisión es del ministro de Sanidad de Nueva Zelanda, David Clark, por haber roto con el confinamiento. En su carta de dimisión pidió perdón a sus conciudadanos y calificó su gesto de «estúpido». Aquí en España, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, hasta en tres ocasiones ha quebrantado el aislamiento de la cuarentena que debería estar cumpliendo rigurosamente por el positivo de su mujer, la ministra de Igualdad. Su único consuelo o salvoconducto vino de Fernando Simón: «Hay excepciones razonables».