La Policía detiene por sedición a Castillo y el Congreso nombra a Dina Boluarte presidenta de Perú

La prefectura de la Policía de Lima ha detenido al comunista Pedro Castillo por un delito de sedición poco después de ser destituido por el Congreso tras haber intentado perpetrar un golpe de Estado. Castillo ha sido detenido por las autoridades después que disolviera motu proprio el Congreso de la República este miércoles. El acusado por la Fiscalía de «liderar una organización criminal» fue abordado en la vía pública y trasladado a la Prefectura ubicada en la avenida España, en Lima. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta y número 2 de Castillo, será la nueva presidenta del país, según establece la Constitución.

«Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L (decreto legislativo) n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos PNP intervienen al ex presidente Pedro Castillo», escribió la cuenta oficial de ese cuerpo en sus redes.

En las imágenes captadas por Canal N de Perú, se observa cómo Pedro Castillo es interceptado cuando permanecía en el interior de un auto gris. Es entonces cuando diversos vehículos policiales le han cerrado el paso al automóvil y agentes de Seguridad del Estado han procedido a su detención.

Poco antes, la destitución de Castillo ha sido aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se ha realizado en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión. Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien a primera hora de la mañana dictó el cierre del Congreso y el nombramiento de un gobierno de emergencia, una medida que fue tachada por la oposición y varios miembros de su gobierno, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte, como un golpe de Estado.

Dina Boluarte, también aliada podemita y amiga de Juan Carlos Monedero, denunció este miércoles «un golpe de Estado» tras la decisión del presidente comunista Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia horas antes de la moción de censura que estaba prevista. Poco tardó en abandonarle.

«Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley», indicó Boluarte en sus redes.

Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley.

— Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 7, 2022

Las Fuerzas Armadas, así como distintas instituciones estatales (Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, entre otros) no han respaldado el golpe de Estado de Pedro Castillo. Por su parte, la fiscal de Perú, Patricia Benavides, ha señalado su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional», y exhortó al mandatario a «respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado».

«El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», señaló a  AFP el analista político Augusto Álvarez.

Decenas de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraban frente al Parlamento desde antes del anuncio.

Los delitos de Pedro Castillo

El breve y tumultuoso mandato, que comenzó en el verano de 2021, ha pasado por turbios momentos judiciales que han llevado a la Fiscalía peruana a investigarle por seis delitos, a saber:

– cabecilla de una organización criminal
– tráfico de influencias
– colusión agravada
– delito contra la administración pública
– delito de encubrimiento personal
– delito contra la tranquilidad pública

Los casos por los que se le investiga son los del Puente Tarata III, los ascensos en las Fuerzas Armadas, la fuga de funcionarios cercanos a su Gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y las obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.