30 años de cárcel para un militar chavista por una de las muertes que Maduro achacó a Leopoldo López

Leopoldo López pronto cumplirá tres años en prisión de los casi 14 a los que fue condenado sin pruebas y con testimonios manipulados. El preso político más famoso del mundo cumple condena por ser el líder opositor que convocó a los venezolanos a tomar las calles contra el Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro y contra la crisis económica causada por sus erráticas políticas totalitarias y clientelistas. Pero por fin la Justicia del país caribeño ha dado un paso inesperado: este jueves ha sido condenado a 30 años de prisión el sargento de la Guardia Nacional Albín Bonilla Rojas  por haber matado de un tiro en el rostro a la joven Geraldine Moreno en una de esas marchas convocadas por López.

Ésta fue una de las muertes que el fiscal le achacaba al líder de Voluntad Popular (VP), uno de los partidos integrados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora que controla la Asamblea Nacional de Venezuela desde las elecciones del 6 de diciembre de 2015. Poco después del juicio y de la sentencia condenatoria contra López, el fiscal Franklin Nieves huyó a Estados Unidos y reconoció públicamente «la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional» y sus «superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López”. Nieves hizo público un vídeo en el que admitía que todo el juicio había sido una farsa para mantener encerrado al líder opositor en lo alto de una torre abandonada de la cárcel militar de Ramo Verde.

López, líder opositor, cumple una pena de 13 años y nueve meses de cárcel acusado de incitar a la violencia durante aquella ola de protestas contra el régimen que comenzó en febrero de 2014 –fecha en la que fue detenido tras entregarse–, y en la que hubo más de 40 muertos. El régimen bolivariano chavista le hizo responsables de estas muertes violentas, si bien ahora empieza a quedar claro, incluso oficialmente, que aquellos fallecimientos fueron en su mayoría homicidios y asesinatos con responsables entre las fuerzas del orden.

El 19 de febrero de 2014, en Valencia (Carabobo), el sargento Albin Bonilla Rojas disparó a quemarropa en el rostro con un arma de perdigones a Geraldine Moreno, de 23 años, quien falleció tres días después en un centro hospitalario.

Dos años y diez meses después, la Justicia ha declarado culpable a Bonilla de «homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamientos de pactos y convenios internacionales [de derechos humanos], uso indebido de arma orgánica y trato cruel», según ha señalado el Ministerio Público en un comunicado.

También ha sido condenado, en este caso a 16 años y 6 meses de prisión, el también sargento de la Guardia Nacional Francisco Caridad Barroso en calidad de cómplice del crimen.

A la misma cárcel que Leopoldo López

Quiere la crueldad de la dictadura chavista que ambos militares criminales, que no han podido salvarse ni en el estado de desconocimiento de la legalidad que vive Venezuela ante la cantidad de pruebas en su contra, estén ahora recluidos en la misma prisión que López, en el penal militar de Ramo Verde.

Moreno Orozco era estudiante de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, y la noche de los hechos se encontraba en una de las calles aledañas a una manifestación en contra de Maduro.

A pesar de haber sido detenidos los dos miembros de la Guardia Nacional poco después de ser implicados en los hechos, los líderes opositores llevan más de dos años llamando la atención de la comunidad internacional y de la Fiscalía al ver que el régimen estaba defendiendo al sargento Albín Bonilla «e incluso premiándolo con ascensos», como denunció Leopoldo López Gil –padre del opositor preso– en una entrevista en OKDIAIRO: «Es el Ejército, los policías, la Guardia Nacional la que va armada a las calles, no los manifestantes. Alguno levantó una barricada y quizá eso causó alguna muerte, pero de esas 43 víctimas que cita Diosdado Cabello, yo le diría que como mucho tres son ajenas a la represión», remarcó López Gil.