​La ONU solicita el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre Siria

Alena Douhan, desde marzo la nueva relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas de carácter unilateral para el disfrute de los Derechos Humanos, ha solicitado a Estados Unidos el fin de las sanciones impuestas a Siria en el marco de la llamada Ley César.

La Ley César, llamada así en homenaje a la labor fotoperiodística que desveló los excesos del régimen sirio, entró en vigor el pasado junio – aunque llevaba sobre la mesa más de cuatro años –. Con ella se pretende presionar económicamente al régimen sirio de Al-Asad y minimizar su capacidad de movimiento. También se extiende a todos aquellos actores que puedan facilitarle al dirigente sirio ayudas de cualquier tipo, con la vista puesta en Rusia e Irán.

De esta forma, Estados Unidos impone un férreo control sobre las ayudas destinadas a Siria y que en muchos casos tenían por objetivo la reconstrucción de un país asolado por una década de conflicto, con los riesgos que esa genera en esta situación de pandemia mundial, tal y como ha apuntado Douhan, y por eso ha solicitado su levantamiento.

La relatora bielorrusa, ha incidido en las dificultades que esta Ley supone para la reconstrucción de infraestructuras en el país por parte de actores externos. La Ley César mantiene, por ejemplo, al Banco Central sirio como sospechoso de blanqueo de capitales, por lo que desde Estados Unidos se está bloqueando toda la estructura gubernamental del Bachar al-Asad y dificultado así la canalización de inversiones para reconstruir sectores críticos como es el hospitalario.

Aparte de la situación que está dejando el conflicto, la generada por la COVID 19 está agravando la vulnerabilidad del pueblo sirio, según Alena, «por lo que existe un riesgo aún mayor de que existan violaciones de los Derechos Humanos».

Alena Douhan señala que estas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos van contra el derecho del pueblo sirio «a la vivienda y a la salud», además de impedirles «un desarrollo adecuado». También apunta a que «podrían ir en contra del Derecho Internacional por su alcance extraterritorial».

Bachar al-Asad ha ido recuperando el control territorial con la inestimable ayuda de Rusia y otras milicias aliadas del régimen, sin embargo, el deterioro del país está impidiendo que el retorno de la enorme cantidad de desplazados se haga a buen ritmo. Todo ello a pesar de los intentos de las autoridades sirias por reducir esa cifra, algo que de momento sólo ha conseguido en una cantidad todavía muy reducida.

Según ACNUR, la cifra de personas que ha abandonado el país superaba los 5,5 millones en 2019, una cifra algo inferior al pico de 2018, cuando la cifra se acercaba a los 7 millones de personas. A estos números, se le deben añadir los desplazados internos, por lo que si se tiene en cuenta que la población sitia ronda los 17 millones, alrededor de la mitad de la población siria se ha visto obligada a desplazarse interna o externamente.​