Los misterios de la Inquisición española: ¿qué pasó realmente en esos juicios?

En 1478, los Reyes Católicos fundaron la Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio, con el fin de someter a juicio a los herejes y preservar el catolicismo más puro en todos sus territorios. La institución, creada por una bula del papa Sixto IV, respondía al aumento de los falsos judeoconversos (o cristianos nuevos) que, para ese entonces, eran considerados grandes enemigos de la Corona.

A diferencia de la Inquisición medieval, cuyo funcionamiento correspondía a la Iglesia, la que se instauró en territorio español dependió directamente de la monarquía. De hecho, se constituyó en arma política de la Corona, basándose en la necesidad de uniformizar a la población desde el punto de vista religioso.

Los procedimientos judiciales del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se llevaron a cabo mediante interrogatorios, torturas y otros métodos de obtención de pruebas y confesiones. Esto dio cabida a leyendas atroces de procesos secretos y de torturas. Pero, ¿qué pasó realmente en esos juicios?

Los misterios de la Inquisición española

La inquisición española o Tribunal del Santo Oficio comenzó a regirse en León y Castilla (con once tribunales) en 1480. Luego en Aragón (con cuatro tribunales) y para 1490 ya se había extendido al resto de España, así como en Sicilia, Cerdeña (con dos tribunales) y en América (con tres tribunales).

Los procesos eran conducidos por inquisidores, agentes eclesiásticos con conocimiento judiciales, nombrados por el rey, y por el consejo que regulaba su labor. El inquisidor general presidía el consejo (compuesto por seis u ocho miembros), que se reunía casi cada día para tratar los delitos denunciados.

Los tribunales eran regidos por: dos inquisidores, un fiscal que investigaba e interrogaba, un calificador (teólogos que dictaminaba si había o no herejía) y un alguacil, que detenía a los acusados. También estaban formados por escribanos que anotaban las declaraciones del acusado y laicos que colaboraban con la Inquisición.

El proceso penal inquisitorial

El proceso iniciaba con el “edictos de fe”, que obligaba a los fieles, bajo pena de excomunión, a denunciar a todo aquel que, a su juicio, eran herejes o cómplices. Dichas denuncias eran examinadas por los teólogos y, si eran justificadas, se les daba continuación como herejía y el presunto culpable era arrestado y encerrado en la prisión de la Inquisición a la espera de un juicio.

Acto seguido se aplicaba el “edicto de gracia” mediante el cual el hereje disponía de un plazo de quince a treinta días para confesar su culpa, sin que se le confiscaran sus bienes o se le aplicara la prisión perpetua, ni la pena de muerte, sino sólo sanciones menores.

En caso de negar los cargos, al acusado se le asignaba un defensor, que no lo defendía, sino que le alentaba a confesar sus culpas. Para forzarlo a confesar, se secuestraban sus bienes y se le sometía a un largo interrogatorio en el que muchas veces se utilizaba la coacción. Ya fuera mediante la prolongación de la prisión, la privación de alimentos, o bien, en última instancia, por la tortura.

Al finalizar, y tras consultar al jurado, el proceso podía terminar con la libre absolución (en contados casos), con la suspensión del proceso, o con una condena.

El secreto sumarial como medio para infundir terror

El Santo Oficio llevaba sus procesos bajo secreto sumarial, con el fin de evitar represalias, generando un gran temor entre la población, ya que cualquier ciudadano se convertía en un posible delator. Como los denunciados no tenían conocimiento de qué se les acusaba, se producían muchas autoinculpaciones irreales y absurdas, así como a delaciones basadas en meros rumores.

El proceso de delaciones conllevó a un aumento notable en el número de denuncias falsas entre vecinos y conocidos, sobre todo, porque el delator se quedaba con una parte de los bienes del acusado.

Las posibles condenas

Tras el proceso inquisitorial, las posibles sentencias eran aplicadas de acuerdo a los grados de culpabilidad. Cuando las acusaciones de herejía eran leve o las pruebas escasas, el reo debía pronunciar la fórmula de abjuración de rodillas y luego realizar algún acto de penitencia (destierro, multa, condena a galeras, llevar un sambenito). En otros casos podían ser reconciliados, lo que implicaba azotes, penas de prisión, condena a galeras, confiscación de bienes…

Los herejes, considerados impenitentes, se enfrentaban a la pena de muerte. Si abjuraban de la herejía y la sentencia en el auto de fe era favorable, los condenados eran estrangulados antes de ser librado a las llamas. Si la sentencia era desfavorable, debían ser quemados vivos. La ejecución la llevaba a cabo la justicia secular, a la que los inquisidores “entregaban” al condenado.

Las cifras reales

Hasta la fecha se desconoce con exactitud el número de víctimas de la Inquisición española durante los tres siglos de historia debido a la falta de fuentes. En el siglo XIX, Juan Antonio Llorente habló de 350.000 causas y casi 32.000 ejecutados. Los trabajos más recientes (Ricardo García Cárcel, Antonio Domínguez Ortiz…) apuntan a unos 150.000 procesos y 5.000 víctimas mortales, lo que demuestra un número de víctimas inferior al ocasionado por el resto de persecuciones religiosas de la época.

A pesar de que los años más sangrientos de la Inquisición se extendieron hasta 1520, las torturas no eran generalizadas como siempre se creyó. Se estima que fueron aplicadas a un dos o tres por ciento de los procesados.

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