Yolanda Díaz impulsa su plan para crear una empresa pública de energía tras la compra de Telefónica

La compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha impulsado los planes de nacionalización de los socios de Pedro Sánchez, Sumar. La líder del partido y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha celebrado la entrada del Ejecutivo en Telefónica y ha aprovechado para lanzar un mensaje a Sánchez: hay que extender ese control a otros sectores. Uno de los objetivos de la ministra de Trabajo es el energético, donde propone la creación de una empresa pública para que el Estado gestione las hidroeléctricas.

«El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país. Dijimos hace meses que era necesario. Hoy es una realidad», ha mantenido Díaz.

El documento programático de Sumar incluye como uno de sus propósitos la creación de «una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones».

Se trata de una histórica reivindicación de Podemos que Yolanda Díaz recuperó durante su campaña para las generales y que ahora, tras la operación en Telefónica, toma un nuevo impulso. La vicepresidenta ha arremetido con dureza contra las eléctricas, calificando incluso de «bochornoso» el margen empresarial de las grandes multinacionales, y ha defendido la idea de una empresa pública «para decir que la energía es un derecho fundamental». «Hay recursos con los que no se hace negocio», ha mantenido en estos meses, cargando contra «modelos centrados en los poderes oligopólicos del Estado».

Además, la ministra persigue una reforma de la Ley del Sector Eléctrico, para «separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante». En definitiva, una «intervención» pura y dura del Estado en el sector «en situaciones que son clave», como el precio de la luz.

«Autonomía estratégica»

De hecho, la líder de Sumar hizo de esa medida una de sus banderas de cara a las generales y animó a votar «para decir que queremos una energía pública y que queremos trocear las eléctricas». «Salgamos a decirles a los señores de las eléctricas, que piden el voto para el PP, que vamos a ganar nosotros y que la energía es un derecho fundamental, que tenemos derecho a la climatización y a calentarnos en invierno y que la factura de la luz no puede ser un obstáculo para miles de personas», aseguró en un ataque a las compañías.

Carlos Martín, gurú económico de Yolanda Díaz, abundó en esa línea tras conocerse la compra de Telefónica. El diputado de Sumar, preguntado por si el Estado debería recuperar el control de otros sectores estratégicos, «como el energético», señaló que «es clave» que «el Estado recupere participaciones de control», dentro de su plan de «autonomía estratégica», un concepto en el que insisten desde Sumar.

La propuesta de crear una energética pública ha provocado debates en el PSOE. En plena tendencia alcista de los precios de la luz, la propia vicepresidenta Teresa Ribera se abrió a esta medida, planteada por Podemos, planteando disponer «de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía».

«Que el PSOE se abra por primera vez a nuestra propuesta de creación de una empresa pública de energía es una buena noticia. Debemos afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz”, se respondió desde Podemos. La propuesta, en cambio, fue rechazada después por los socialistas en el Congreso.

Telefónica

El Consejo de Ministros autorizó este martes a la SEPI -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda- que compre hasta un 10% del capital social de Telefónica.

Desde el Gobierno argumentan que esa operación «permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas».

El movimiento del Gobierno se produce tres meses y medio después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC  -controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)- irrumpiese en el accionariado de Telefónica con un 9,9% del capital social de la compañía. El pasado 31 de octubre la SEPI confirmó a la CNMV que estaba valorando comprar una participación en Telefónica, si bien en ese momento no había especificado qué porcentaje evaluaba adquirir.

Nacionalizaciones

Los socios de Sánchez han celebrado la entrada del Estado en Telefónica, convirtiéndose en el mayor accionista. Uno de los partidos que más han aplaudido esta operación es Bildu. «Está bien, es lo que había que hacer», ha destacado este miércoles su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Desde la formación han instado a Sánchez a «hacer algo parecido» en empresas como Repsol, Endesa, Iberdrola «y otras tantas».