Vox exige que dos miembros del Gobierno estén siempre en los debates del Congreso pero Batet lo rechaza

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ha rechazado una petición de amparo del grupo parlamentario Vox en la que la formación de Santiago Abascal pedía que al menos dos miembros del Gobierno estén presentes en el hemiciclo durante el debate de las proposiciones no de ley (PNL). Batet ha esgrimido que estas iniciativas «no requieren la participación o presencia del Gobierno en su tramitación», justificando así que los 23 asientos de la bancada azul del Ejecutivo estén vacíos en debates de especial relevancia.

En concreto, la portavoz adjunta de Vox en la Cámara baja, Macarena Olona, remitió un escrito en amparo a la Mesa del Congreso, dirigido a Batet, para que se instara al Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez a «adoptar las medidas de organización necesarias a fin de que, al menos, dos representantes del Ejecutivo acudan a los debates parlamentarios de los martes», que acogen las proposiciones no de ley.

Así, Vox planteaba que siempre estuviera presente en el debate de tales iniciativas la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en tanto tiene la competencia de las Relaciones con las Cortes, y el ministro de la materia que fuera objeto de la proposición no de ley.

Sin embargo, Batet ha contestado a la formación de Santiago Abascal que «no existe para los miembros del Gobierno una obligación de asistir a las sesiones de las Cámaras en supuestos de los expresamente previstos». «No existe, en definitiva ninguna laguna normativa al respecto que haga necesaria una resolución supletoria de la Presidencia», zanja la presidenta

«De forma sistemática»

Desde Vox cuestionan que pese a tener un Ejecutivo mastodóntico, el Gobierno «se ausenta en pleno y de forma sistemática del debate y votación de las proposiciones no de ley y de otras iniciativas de control a su gestión».

Así, la tercera fuerza política del país denuncia  la actitud de «desdén y falta de respeto hacia las Cortes Generales y por extensión al pueblo español al que representa, ausentándose sistemáticamente del debate parlamentario», dado que este es un instrumento fundamental, añade Vox, para «la materialización por el poder legislativo de su función de control político, «imprescindible en un Estado democrático e ineludible para el Gobierno».

En su escrito a la Mesa del Congreso, Vox pone el ejemplo de lo ocurrido el pasado martes con una proposición no de ley del Partido Popular relativa a «racionalizar» la estructura de la Administración del Estado y que solicitaba, entre otras cuestiones, reducir el tamaño del propio Gobierno. Al debate de esta iniciativa se ausentaron todos miembros del Ejecutivo.

A juicio de Vox, «este modo de actuar es incompatible con el espíritu del vigente marco constitucional en materia de relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo».

Cita jurisprudencia 

En la exposición de motivos, el escrito firmado por Olona recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo y remarca una sentencia de 2018 según la cual «la función de control es consustancial a la forma de gobierno parlamentaria y se fundamenta en el carácter representativo de las Cortes Generales. Función que no puede verse limitada más que allí donde la Constitución así lo ha entendido preciso (…), no conteniendo nuestro texto constitucional, en principio, ninguna excepción al ejercicio de la misma».

Además, la portavoz adjunta de Vox remarca que según reiterada doctrinal del Tribunal Constitucional, estas iniciativas «se configuran como un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno, pero, también, como una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y ésta misma tenga que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado».

En esta sentido, Olona subraya que «de lo anterior se colige que las proposiciones no de ley son un instrumento fundamental para la materialización por el poder ejecutivo (y, en particular, por el Congreso de los Diputados) de su función constitucional de control político, cuyo ejercicio es inescindible de un Estado democrático e ineludible para un Gobierno: el Ejecutivo no puede escapar a esta fiscalización».

El Ejecutivo más caro

El pasado martes, el Congreso rechazó con los votos de PSOE y Podemos dicha proposición no de ley del PP para reducir la estructura elefantiásica de este Ejecutivo, el más grande de Europa y el más caro de la Democracia. Tal y como ha publicado OKDIARIO, el Gobierno de coalición ha costado sólo en altos cargos entre enero y junio 46,3 millones de euros, diez más que el anterior gabinete socialista.

El grupo del PP instaba a Pedro Sánchez a reducir las cuatro vicepresidencias y unificar los ministerios cuyas competencias fueron artificialmente repartidas «sin excesivo sentido por su acuerdo de gobierno con Podemos». Es decir, las carteras de Trabajo y Seguridad Social, Sanidad y Consumo, Educación, Ciencia y Universidades. Vox y Ciudadanos sí apoyaron el texto de los populares.