Los vecinos de Antequera (Málaga) se rebelan: «Que expliquen por qué un mena vale más que un anciano español»

El polígono industrial de Antequera (Málaga) se ha convertido en el escenario de una nueva batalla ciudadana contra la política de distribución de menores extranjeros no acompañados (menas) impuesta por el Gobierno. Los comerciantes y familias del polígono han logrado paralizar provisionalmente un centro de menas que el Gobierno pretendía instalar en la zona sin licencia ni información previa. Con más de 300 firmas presentadas ante el Ayuntamiento, los vecinos exigen explicaciones: «Que expliquen por qué un mena vale más que un anciano español».

Las autoridades pretendían habilitar un antiguo edificio en esta zona comercial —sin licencia ni adaptación previa— para acoger a un número indeterminado de jóvenes inmigrantes, en lo que los propios vecinos describen como una imposición sin información ni planificación.

El rechazo ha sido unánime. Comerciantes, empresarios y familias con negocios y actividades en el polígono han presentado un escrito ante el Ayuntamiento con más de 300 firmas exigiendo la paralización inmediata de las obras. De momento, la iniciativa ha surtido efecto: el edificio está precintado y las obras, detenidas. Pero la incertidumbre persiste.

«Aquí caben 300, y lo saben»

Una de las comerciantes que tiene su negocio justo debajo del inmueble señalado para el centro explica que el edificio es de grandes dimensiones —con varias habitaciones y dos salones habilitados— y que podría albergar a cientos de personas. «Pueden meter todos los que quieran traer», advierte, «porque eso tiene habitaciones muy grandes y han habilitado los dos salones. Será para darle de comer a muchísima gente».

La misma comerciante reconoce que ya ha perdido clientes: «Son personas mayores que me visitan de cuando en cuando y no tienen ganas ni necesidad de pasar ningún mal rato. No van a venir». Su local de artículos de colección y el resto de los negocios del entorno —un gimnasio, una academia de baile, una tienda de electrodomésticos e informática y un cajero automático de Unicaja— temen por su viabilidad si el proyecto prospera.

Riesgo para la seguridad

Los vecinos y empresarios subrayan que la ubicación es manifiestamente incompatible con el uso residencial. «Un polígono industrial es totalmente incompatible con un uso residencial para menores», señalan los afectados, que además alertan de que la zona está atravesada por una carretera con tráfico pesado de camiones. A la incompatibilidad urbanística se suma la preocupación por la seguridad: los trabajadores y empresarios que acuden diariamente al polígono expresan su inquietud, y algunos recuerdan que en zonas con centros similares han comenzado a registrarse incidentes.

Varios padres con hijos que asisten a la academia de baile del polígono han mostrado abiertamente su rechazo. «Lo veo muy mal, directamente fatal», afirma uno de ellos. Una madre relata que su hija iba sola caminando hasta la academia: «Ahora no podrá hacerlo». Otro vecino apunta que entre los planes de seguridad que se barajan ya aparecen palabras como «apuñalamientos» y «atropellos».

Agravio comparativo con los ancianos

En el trasfondo del conflicto aflora también la indignación por el agravio comparativo con los ciudadanos españoles. Uno de los presentes en la concentración vecinal recuerda que en Andalucía mueren al año cerca de 7.000 personas esperando la ayuda a la dependencia, y se pregunta cómo es posible que cueste más mantener a un mena que a un anciano en una residencia. «Nuestras políticas tienen que ser de prioridad nacional», concluye.

No es la primera vez que los vecinos de Antequera se enfrentan a una situación similar. Ya existía el precedente del antiguo hotel Las Pedrizas, en un paraje de montaña de la localidad, que fue empleado como centro de acogida de inmigrantes. Ahora, la tentativa en el polígono industrial ha vuelto a activar la movilización ciudadana. «Si no hubierais salido a la calle, estarían trabajando ahora mismo», resume uno de los reporteros presentes.

Los vecinos exigen que, si el Gobierno persiste en su política de distribución de menas, los centros se ubiquen en lugares adecuados, planificados y fuera de zonas industriales con actividad comercial y presencia de menores. Mientras, el edificio sigue precintado y la batalla jurídica y municipal continúa.