La UCO registra el Ayuntamiento socialista de Móstoles en busca de contratos irregulares

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en la madrugada de este miércoles en el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) para requerir la entrega de diversa documentación relacionada con contratos firmados por el consistorio en la etapa del socialista David Lucas. La investigación judicial sobre el ex alcalde se centra en los años 2016 y 2017.

La operación policial ha sido encargada por el Juzgado número 5 de Móstoles y de momento las actuaciones están bajo secreto. Los documentos requeridos afectan a las áreas municipales de Presidencia, Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Comunicación.

En el centro de la investigación judicial se encuentra el ex alcalde de Móstoles bajo cuyo mandato se firmaron esos contratos, el socialista David Lucas Parrón. Lucas fue nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes.

Además de alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018, Lucas ha sido senador por Madrid en la XII legislatura, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (2007-2011) y teniente-alcalde de Getafe (1999-2003).

En la actuación de los agentes de la UCO se han intervenido los servidores municipales de nuevas tecnologías. Se rastrea, entre otros, contratos de reforma en colegios.

Investigado desde 2019

La investigación se remonta a 2019. A mediados de marzo de ese año fue cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles abrió diligencias previas para tratar de esclarecer si existieron irregularidades por parte del Gobierno municipal (PSOE, Ganar e IUCM, entonces) en dichas adjudicaciones.

Hace un año, el juez pidió les pidió que remitieran el «original o la copia» de cuestiones relacionadas con las reformas realizadas en los colegios públicos de la localidad realizados en los años mencionados para saber si hubo alguna «anomalía». También les solicitó otros contratos en materia de comunicación del Consistorio, servicios informáticos, y adquisición de material deportivo.

La operación está enmarcada en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el exdirector de Hacienda del Ayuntamiento, Sergio Gil del Sol, en el que se señalan posibles delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El actual Consistorio ha mostrado su disposición a colaborar en una investigación en la que se ha citado a funcionarios, trabajadores municipales y empresarios por su supuesta relación con los contratos de los años 2016 y 2017 objeto de las pesquisas policiales.

‘Enchufismo’ en Móstoles

La actual alcaldesa, la socialista Noelia Posse, ocupaba en ese momento el cargo de concejal de Obras, Infraestructuras y Festejos. Una regidora polémica por sus «enchufazos», tal y como ha ido desvelando OKDIARIO.

Posse designó como coordinadora de Redes Sociales del Ayuntamiento a su hermana, puesto que acabó revocando, y ascendió a su tío, que también renunció. Hasta seis cargos de confianza más fueron puestos en duda.

Entre otras decisiones, también aprobó un sobresueldo de 800 euros al mes a su ex pareja, Gonzalo Sánchez Oliva, que fue colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento, y nombró coordinadora del Gabinete de Alcaldía a Alicia Domínguez Villarino, que era amiga personal suya.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE propuso para ella una sanción de nueve meses de suspensión de militancia para la alcaldesa por «una mala conducta ética» en varios de los nombramientos de confianza de personas de su entorno familiar y de amistades en el Ayuntamiento. La decisión del partido liderado por Pedro Sánchez llega casi un año después de que se conocieran los ‘enchufazos’ de Posse en el Consistorio que regenta. De hecho, la sanción se dio por cumplida nada más conocerse.

La oposición exige explicaciones

PP, Cs y Vox reclaman que se convoque urgentemente una Junta de Portavoces extraordinaria para que el Gobierno local, formado por PSOE y Podemos, informen del requerimiento que ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Móstoles.

Los tres partidos exigen ahora explicaciones a la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE). «Entendemos que, ante un hecho tan excepcional, debería de haber convocado a los portavoces e informar de la situación, por supuesto respetando la exigencia de la posibilidad de que estas actuaciones estuvieran bajo secreto de sumario», ha declarado la portavoz popular, Mirina Cortés, quien ha lamentado que «la opacidad y el escándalo» sea «la marca de este Gobierno».