El traslado de los golpistas a Madrid para el juicio en el Supremo se hará de noche y sin paradas

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo encargada de juzgarles, Manuel Marchena, solicitó este jueves a través de un oficio al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que los acusados por el referéndum ilegal en Cataluña -actualmente en prisión provisional – sean trasladados la última semana de enero.

El ‘traslado’ -como se denomina en el régimen penitenciario al cambio de un preso, provisional o condenado, desde la prisión en la que se encuentra a otra diferente, de forma eventual y con finalidad de retorno al centro inicial- será responsabilidad de la Guardia Civil.

Así lo dispone el artículo 32 del Real Decreto 190/1996 y su desarrollo en la Instrucción 5/2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se asigna el cometido de conducción y custodia de los internos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dos presos por furgón acompañados de cuatro agentes de la guardia civil en cada uno de los vehículos

Para el traslado se desplazarán a Lledoners un total de 16 agentes de la Benemérita, en 4 furgones celulares especialmente equipados.

Según fuentes próximas a Interior consultadas por OKDIARIO, el destino será, con toda probabilidad, la cárcel madrileña de Soto del Real. Los nueve acusados permanecerían en este penal durante las semanas en que se prolongue el desarrollo de las sesiones del juicio.

Como cualquier otro preso común, los políticos independentistas viajarán esposados durante los 600 kilómetros que ocupa todo el trayecto y sin efectuar ninguna parada, salvo caso de urgente necesidad. Los furgones disponen de aseos propios.

Dos vehículos del Área de Información de la Guardia Civil, sin distintivo reconocible, servirán de escolta durante el traslado 

Aunque en el documento remitido por Marchena a Interior, al que ha tenido acceso OKDIARIO, no se concreta  el centro penitenciario de destino, sí se señala que deberá estar ubicado en Madrid y que el traslado «debe realizarse en condiciones que respeten su dignidad» y el derecho «a un proceso sin dilaciones indebidas».

La fecha finalmente elegida por Interior, que será en día hábil de la última semana del mes de enero, resulta tras ponderar el juez Marchena en su escrito dos artículos diferentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por un lado, la necesidad de que los acusados, en un proceso penal, estén presentes en la ciudad donde se celebrará el mismo y que se materialice con una antelación mínima de treinta días sobre la primera jornada programada para el inicio de la vista.

La normativa para los desplazamientos de los presos obliga al «respeto a su dignidad y derechos, así como la garantía de su seguridad durante la conducción» por el medio de transporte «más idóneo, generalmente por carretera, en vehículos adecuados» y «bajo custodia de la fuerza pública» en todo momento.