Trabajadores denuncian abusos y prostitución de menas en los pisos turísticos de acogida de Canarias

“Somos un grupo de trabajadores de la fundación Respuesta Social Siglo XXI y le hacemos llegar una carta en la que manifestamos algunas de las negligencias que se cometen en el centro”. El 10 de junio, a las dos menos cuarto de la tarde, un correo electrónico llegaba al Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, uno de los municipios que mayor presión sufre por la crisis migratoria que lleva casi dos años poniendo al límite los recursos de la población que alberga, por ejemplo, el infame muelle de Arguineguín. La denuncia preocupa y mucho: abusos y prostitución de menas.

En septiembre de 2020 el Gobierno decidió comenzar a dedicar hoteles y complejos turísticos de Canarias para alojar a los miles de inmigrantes ilegales llegados al archipiélago en cifras desconocidas desde la crisis de los cayucos de 2007. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Migraciones, dedicó ingentes recursos al cuidado de estas personas quienes, para empezar, fueron separados entre mayores de edad y menores no acompañados, los menas. Más de un año y medio después, la situación de estos complejos está absolutamente fuera de control. Para comprenderlo sólo hay que leer la carta de denuncia de algunos trabajadores de uno de esos centros a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata del centro de menas Puerto Rico, en Gran Canaria, una serie de apartamentos turísticos que de un tiempo a esta parte, y sobre todo debido a la caída en picado del turismo en Gran Canaria, se ha convertido en una especia de gran centro de acogida en el que, en teoría, los inmigrantes ilegales menores de edad deberían estar exactamente igual de atendidos que en cualquier otro recurso, como un centro de protección de menores al uso.

La carta de los trabajadores, que consta de 9 páginas, arranca de la manera más preocupante posible. El primer epígrafe de las denuncias, “Agresiones sexuales”, es el encabezamiento de un relato que merece ser reproducido de manera textual:

“A inicios del mes de marzo, una de las trabajadoras informa al equipo educativo que varios menores le han reportado que el menor A. J. ha sufrido repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro M. H. y Z. K. (hacemos referencia a ellos como usuarios del centro y no como menores puesto que en aquel entonces ya se había certificado que eran mayores de edad y estaban pendientes de traslado). En ese momento el menor A. J. se encontraba fugado, argumentando sus compañeros que el motivo de la fuga era para evitar esas agresiones y el bullying que sufría por parte de algunos de los menores del centro que ridiculizaban su situación”.

En estas líneas son los propios trabajadores del centro los que reconocen un secreto a voces no aceptado desde que arrancó la crisis migratoria de Canarias: las enormes dificultades que tienen las autoridades de las Islas para determinar qué inmigrantes ilegales llegados en el último año y medio son realmente menores de edad y cómo los que sí lo son se han visto desprotegidos y al alcance de otros falsos menas que han abusado presuntamente de ellos en los centros que deberían estar protegiéndolos.

La dirección no reaccionó

Pero si el hecho es preocupante, la reacción lo es mucho más. En el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO se relata cómo los propios trabajadores trataron de indagar sobre la verosimilitud de estos hechos, así que llegaron a entrevistar a los vigilantes, que, si bien en un principio aseguraron que incluso había pruebas visuales de esos presuntos abusos, luego se desdijeron. En cualquier caso, la dirección del centro anunció un fortalecimiento de efectivos en los turnos de noche para proteger más y mejor a los menores de presuntos abusos. Según los trabajadores denunciantes, “la realidad es que, a día de hoy, no se ha interpuesto la correspondiente denuncia, no se han reforzado los turnos de la noche, el menor continúa fugado y a pesar de que la dirección tiene información de su paradero no han hecho nada para intentar ayudarle”.

Sin embargo y por desgracia, el relato de los trabajadores de la fundación empeora en su siguiente punto de denuncia, que ellos aseguran relatar con la intención de que se realice “una inspección de los centros de la fundación en Canarias”.

Según esta denuncia los menas no sólo están indefensos ante posibles abusos sino que además se habrían detectado indicios de que con ellos se podría haber practicado la prostitución. “La dirección tiene constancia de que al menos tres de los menores del centro han ejercido la prostitución, tanto dentro del centro con otros menores como fuera del mismo con personas ajenas al centro (supuestamente mayores de edad). Sin embargo, no han realizado ninguna intervención con los menores ni se ha informado de ello a las autoridades”.

La terrible situación descrita por estos trabajadores, y sobre todo la presunta dejadez de la dirección del centro, es lo que ha impulsado a los trabajadores a escribir esta carta. El paso de los días y la inacción tanto de los responsables políticos de estos centros de menas, el Ministerio de Migraciones a través de su Secretaría de Estado, como de la Fiscalía canaria, que tardó una semana en poner en marcha una investigación tras conocer estos terribles hechos.