Juicio del 'procés'

El Supremo descarta la Euroorden contra los golpistas hasta que Europa decida sobre Junqueras

El juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, retiró la orden de detención europea contra Puigdemont, y el resto de ex consejeros de la Generalitat, y rechazó su extradición sólo por el delito de malversación de fondos públicos, como autorizaba Alemania.

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Estado de alarma
Tribunal Supremo

Cada vez que se tiene constancia de que alguno de los líderes independentistas catalanes prófugos de la Justicia española se desplazan por Europa, surge la misma pregunta: ¿Serán detenidos?

Se especulaba con dicha posibilidad el pasado mes de julio cuando los fugados Puigdemont y Comín renunciaban a regresar a España, donde sigue vigente una orden de detención nacional contra ellos, para recoger su acta como parlamentarios europeos. Y se reactiva, ahora, cuando trasciende que la dirigente de ERC Marta Rovira -fugada de la Justicia, en Suiza, desde hace año y medio cuando viajó de noche hasta Ginebra horas antes de tener que personarse ante el Tribunal Supremo- asistirá, este viernes, a las protestas en contra de la cumbre del G-7 en la localidad francesa de Biarritz.

Pero para ello es imprescindible que se emita una Euroorden que, según confirman fuentes judiciales a OKDIARIO, el Supremo no baraja reactivar, como mínimo, hasta que la Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial planteada ante la misma por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre la condición parlamentaria de Oriol Junqueras.

Todas las resoluciones dictadas por Estrasburgo han sido favorables a la postura del Supremo sobre la inmunidad de los eurodiputados fugados y cómo la atribución de la misma depende, exclusivamente, de la legislación española.

Sin embargo, el Supremo se asegurará de que llegado el caso de decretar la detención de los fugados elegidos parlamentarios europeos en los últimos comicios del 26-M, ésta no sufriría una nueva injerencia por parte de ningún tribunal regional, como ya sucedió en el caso alemán de Schleswig-Holstein.

Motivo por el que esperará a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al que, de manera indirecta y en el marco de dicha cuestión prejudicial podría pronunciarse a este respecto.

Tal es así que en el Auto remitido por el Supremo donde se preguntaba sobre la concesión de un permiso penitenciario extraordinario a Oriol Junqueras para su salida de prisión provisional -en aras al cumplimiento de los trámites como eurodiputado del Parlamento Europeo- el Alto Tribunal basaba su negativa, fundamentalmente, en el «aseguramiento de los fines del proceso penal» que por entonces se desarrollaba contra el interesado.

Una negativa a la que contribuía, también, «la incomprensión de las euroordenes cursadas como instrumento de cooperación internacional en la lucha contra delitos de especial gravedad y el amplio sustento de organizaciones sociales y del propio Gobierno autonómico al que el Sr. Junqueras pertenecía», rezaba el documento.

Si el TJUE entra finalmente a pronunciarse sobre este particular en su resolución, dejaría despejado el camino al Supremo para retomar la emisión de nuevas y futuras Euroordenes contra los separatistas catalanes prófugos. Mientras tanto, el Alto Tribunal español no baraja hacerlo.

Euroorden

El juez Llarena, magistrado responsable de la investigación de la causa del ‘procés’, retiraba la Euroorden dictada contra Puigdemont, el pasado mes de julio de 2018. Lo hacía tras rechazar la entrega del ex presidente de la Generalitat desde Alemania en base, únicamente, al delito de malversación de fondos públicos, tal y como acordaba el Tribunal Regional que debía tramitarla.

Por aquel entonces, Llarena denunciaba que el órgano alemán se extralimitaba en  sus competencias y le acusaba por su «falta de compromiso» con la Justicia española sobre con unos hechos que eran susceptibles de haber vulnerado el orden constitucional español.

En el mismo Auto emitido por el juez instructor del ‘procés’ se dejaba, por tanto, sin efecto la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional que pesaban contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas fugados de la Justicia española: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira. Ninguna de la dos ha vuelto a ser activada.

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