El Supremo deja indemne a Belarra: inadmite la querella por acusar a los jueces de prevaricar

El Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de la querella interpuesta por la Fundación Foro Libertad Alternativa contra contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por acusar de «prevaricación» a la presidenta del Congreso y a los magistrados del Alto Tribunal por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez tras ser condenado a prisión por patear a un policía.

El tribunal considera que los hechos denunciados en la querella no son constitutivos de un delito de calumnias con publicidad contra autoridades del Estado en el ejercicio de su cargo y/o contra el Tribunal Supremo. En su auto afirma que «aunque las valoraciones vertidas por la persona aforada son injustificadas y ofensivas, están amparadas por la libertad de expresión porque se limita a exponer su pensamiento o una opinión sobre asuntos de interés general, pronunciadas en un contexto que, por su objeto y el sujeto al que van referidas, es eminentemente político».

Tras repasar su propia doctrina, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fija el restrictivo espacio en el que ha de moverse el derecho penal cuando entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, concluye que, «no obstante los ofensivos términos de las manifestaciones que se atribuyen a la querellada, en la medida que las consideramos amparadas en su derecho fundamental a la libertad de expresión, y el contexto político en que se pronuncian, no cabe traerlas al ámbito del Derecho Penal, de ahí que proceda la inadmisión a trámite de la querella y su consiguiente archivo». 

Pese a no ver que los hechos tienen transcendencia penal, entiende que «no estaría de más hacer uso de la prudencia a la hora de emitir libremente opiniones, más cuando quien las formula forma parte una institución, como es el Gobierno de la Nación, porque no es la mejor muestra de responsabilidad institucional, en la medida que alcanzan a otra institución, como es el Poder Judicial, con lo que de afectación a su independencia puede conllevar (…)».

Belarra acusó a los jueves de prevaricar

La líder de Podemos calificó, en su perfil de Twitter, de «prevaricación» la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez y acusó al Supremo de presionar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que «ambos sabían» que esa inhabilitación no es lo que marcaba la sentencia.

«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», subrayó Belarra.

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.

El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.

Prevaricación.

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021

Tras las declaraciones de la líder de Unidas Podemos, el Consejo General del Poder Judicial se pronunció en un comunicado en el que, «con mayor rotundidad que en otras ocasiones» puesto que la ministra atribuyó «la comisión de un delito a sus magistrados», condenaba la actitud de Ione Belarra.

«Excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión», señaló entonces el órgano de los jueces, «máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».

Esto ha sido recordado en el auto por el ponente Ángel Hurtado quien ha remarcado que «no ha de ser la vía penal el camino para hacer frente a ataques tan ofensivos y descalificadores como el que nos ocupa, sin que ello suponga desprotección porque quedan otras vías, entre ellas, la del Consejo General del Poder Judicial, que ha de velar por la independencia de jueces y magistrados respecto a aquellas intromisiones que, aun sin ser delictivas, supongan una perturbación para el ejercicio de sus funciones». Ha añadido: «Como en el caso sucedió, mediante el contundente comunicado que la Comisión Permanente, reunida en sesión extraordinaria convocada al efecto, emitió el mismo día 22 de octubre del 2021, en el que salía en defensa de los Magistrados vilipendiados, por los excesos verbales que sobre ellos había vertido la querellada».