Suiza avisa que no extraditará a Gabriel ni Puigdemont en venganza por la negativa española por Falciani

Suiza ha decidido no extraditar a Carles Puigdemont porque España se negó a hacerlo con Hervé Falciani. La cooperación judicial entre España y Suiza, incluyendo la figura legal de la extradición, no parece estar en el mejor momento y Puigdemont cuenta con ello. Suiza no ha olvidado lo ocurrido en el caso Falciani en España.

Y es que Falciani fue detenido en 2012 en Barcelona por una orden de detención internacional que Suiza lanzó en su contra. Acto seguido, pidió su extradición. Pero la Audiencia Nacional española rechazó esa petición de extradición, argumentando que las autoridades suizas lo acusaban de haber violado el secreto bancario, y esa figura penal no existe en España.

El caso supuso uno de los mazazos más importantes que se recuerdan al blindado secreto bancario suizo, uno de los activos más importantes que este país exhibe a la hora de captar capitales. Y, como importante que fue, igualmente grave para sus intereses fue considerada la negativa de la Justicia española.

El ex president fugado Puigdemont sabe igualmente que existen resquicios técnicos a los que si quiere, se puede acoger Suiza. Los equipos jurídicos de Puigemont han chequeado la legalidad vigente y saben perfectamente que los acuerdos entre España y Suiza en materia de detención y extradición se rigen por la Convención Europea de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal (1959) y por la Convención Europea de Extradición (1957), suscrito por los Estados miembros del Consejo de Europa. Y los dos instrumentos jurídicos recogen explícitamente las infracciones de naturaleza política, para las que se excluye tanto la cooperación judicial de manera general, como las extradiciones en particular.

Resquicio para la interpretación

La Convención Europea de Extradición permite un resquicio para que Suiza interprete a su antojo. Y es que la extradición puede negarse si el país que recibe la solicitud considera que el delito al que se alude constituye, desde su punto de vista, un delito político.

Por si fuera poco, es posible acogerse a esa excepción igualmente si el país que recibe la petición considera que la extradición se ha pedido con el fin de “perseguir” a una persona por su “nacionalidad u opinión política”.

Sea como sea, además, su tramitación es farragosa: tras la presentación de una petición de extradición, el afectado -Puigdemont- puede oponerse y entonces será la Oficina Federal de Justicia la que deba emitir una orden de detención a efectos de extradición. Pero ello, mientras espera 18 días a que el país solicitante presente una solicitud formal. Un plazo que, además, se puede ampliar hasta los 40 días, periodo, eso sí, durante el que la persona permanece detenida.

De hecho, ni siquiera con etarras, la coordinación ha funcionado muy bien. En la última década, sólo un caso ha dado lugar a una extradición. Sucedió en 2002. España reclamó a la alemana Gabrielle Kanze por presunta pertenencia a la organización terrorista ETA, tras ser detenida en Suiza. Kanze había sido arrestada en marzo de ese año. Y hubo que esperar hasta octubre para que la Justicia suiza confirmara la aprobación de la extradición por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos.

De hecho, con la exconcejal de Herri Batasuna, Nekane Txapartegi, acusada igualmente de integración en banda terrorista y detenida en Zúrich en 2016, el proceso se enquistó de tal modo que no llegó a ser extraditada. Txapartegi pidió asilo en Suiza, la Justicia de este país, pese a ello, aprobó la extradición un año después, pero Txapartegi no llegó a ser extraditada porque el paso del tiempo provocó que la Audiencia Nacional española considerase sin efecto la petición debido a la prescripción.