Los separatistas exigen a Sánchez la cabeza de Robles para bloquear la investigación de su financiación

Mitad venganza. Mitad prevención frente a las investigaciones plenamente legales que siguen en vigor. Así es la motivación del ataque de los separatistas contra Margarita Robles y la directora del CNI, Paz Esteban. Los separatistas han exigido a Pedro Sánchez la cabeza de ambas porque temen que se desvelen nuevos datos sobre las vías de financiación de los movimientos de kale borroka de los rupturistas catalanes. Y algunos de esos datos, como los contactos del entorno más íntimo de Puigdemont, ya han apuntado a Rusia.

El ataque de los separatistas al CNI tiene varias motivaciones y una consecuencia. La consecuencia es que los separatistas se sienten amenazados y exigen a Sánchez un escarmiento a Paz Esteban. Es una persona defendida por la ministra de Defensa y eso aún enfurece más a los separatistas, que no ocultan su odio por la responsable máxima de la defensa española.

Pero las motivaciones son diversas. La primera es la venganza, y es que la labor desarrollada por el CNI ha permitido desvelar y cercar parte del entramado de financiación y funcionamiento del separatismo, especialmente catalán. La segunda es el puro odio político a Margarita Robles, persona a la que los socios rupturistas del Gobierno quieren desacreditar. Pero, posiblemente, la tercera de las motivaciones es la más decisiva en estos momentos. Y es que el CNI colabora con plena legalidad en la investigación de comportamiento ilícitos que suponen un peligro para la estabilidad institucional de España. Y, por supuesto, un ataque ilegal a la Constitución y a la unidad de España implica ese riesgo. Y las vías de financiación de buena parte de las estructuras violentas del separatismo siguen siendo investigadas. Y la intromisión de estados extranjeros también. Y todo ello, igual que se ha controlado hasta el momento, se sigue controlando. Pero el separatismo quiere que se cierren todas esas líneas de seguimiento.

Por eso, la cabeza de Paz Esteban cobra tanta importancia para los separatistas. Y, por supuesto, la de su ministra defensora, Robles. Porque los intentos de penetrar en el CNI no han sido fructíferos para ellos -hay que recordar que el intento de control de Pablo Iglesias de la estructura de inteligencia nacional fue abortado por el Constitucional-.
Por eso, las fuerzas separatistas en el Congreso de los Diputados están dispuestas a poner contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez con el caso del supuesto espionaje a sus líderes con la herramienta Pegasus.

Presuntos espiados

Las actuales muestras públicas de indignación contrastan, de hecho, con la evidencia de que al menos seis de los presuntos espiados fueron advertidos de ello ya en 2019 por la plataforma que ahora ha ampliado la lista de afectados. Sin embargo, sólo Roger Torrent lo admitió, después de que en 2020 se publicase en la prensa inglesa. Ninguno de los otros cinco, entre los que se encontraba la diputada de la CUP fugada a Suiza, Anna Gabriel, denunció públicamente el espionaje hasta que sus nombres salieron publicados. En aquel momento, el separatismo había iniciado la negociación con el PSOE para lograr los indultos a los golpistas presos del procés.

Lo cierto es que pese a que es ahora cuando el separatismo catalán está jaleando ese supuesto escándalo de espionaje, miembros destacados del separatismo catalán conocían ya desde el segundo semestre de 2019 que un Estado -España, presuntamente- había conseguido acceder a sus teléfonos móviles mediante la herramienta espía Pegasus, fabricada por la firma israelí de ciberseguridad NSO Group.

Fue la plataforma canadiense Citizen Lab, la misma que el pasado 18 de abril publicó un extenso informe con pruebas periciales sobre ese uso de Pegasus, la que en 2019 puso en conocimiento de seis representantes del separatismo que habían sido víctima de este spyware: Anna Gabriel, ex diputada de la CUP en el Parlamento catalán; Ernest Maragall, diputado de ERC del Parlamento catalán; Jordi Domingo, miembro de la Asamblea Nacional Catalan (ANC) y militante del PDeCAT; Sergi Miquel, miembro del Consell per la República; Y por último, Roger Torrent (ERC), ex presidente del Parlamento catalán.

Es decir, que ERC, PDeCAT, CUP, ANC y el Consell per la República de Carles Puigdemont sabían desde 2019 que teléfonos de altos miembros de sus formaciones habían aparecido en la lista de 1.400 personas cuyos terminales móviles habrían sido presuntamente espiados. Sólo falta Ómnium Cultural para considerar informados a todos los actores del espectro independentista. Pero ahora los separatistas quieren la cabeza de Margarita Robles y Paz Esteban.