Sánchez ha regalado a Illa en menos de tres meses 4.300 millones del Estado en créditos a fondo perdido

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha apresurado a tirar de talonario público para apuntalar el estreno del socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat. Según datos oficiales recopilados por OKDIARIO y que están certificados por el propio Ministerio de Hacienda, en apenas tres meses Moncloa ha concedido al Ejecutivo de Illa 4.300 millones de euros en préstamos a fondo perdido.

Sobre el papel son créditos a devolver; en la práctica, no. Primero, porque todos los préstamos que el Gobierno viene concediendo a la Generalitat ésta los devuelve con nuevos créditos concedidos por el Estado, así que nunca se saldan. Y, segundo, porque Moncloa ha dado a Illa estos fondos estatales mientras está ultimando la condonación de un 20% de la deuda que la Generalitat acumula con el conjunto de España, lo que en estos momentos supondría perdonarle al Gobierno catalán la devolución de unos 15.000 millones.

Salvador Illa tomó posesión como president de Cataluña el 10 de agosto pasado gracias al pacto de investidura que selló con los independentistas de ERC. Sólo un mes después, el 16 de septiembre, Sánchez concedió a la Generalitat 462,8 millones de financiación extraordinaria. Seis semanas más tarde, el 28 de octubre, le aprobó otros 983,3 millones. Y el 2 de diciembre pasado amplió esas multimillonarias inyecciones a la Generalitat con otra concesión de 2.847,1 millones de euros.

Estas aportaciones del Gobierno de Sánchez a la Generalitat catalana se realizan al amparo del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica que el Estado creó como medida transitoria, temporal, tras la crisis financiera de 2008 para evitar la quiebra de las arcas autonómicas. El Gobierno catalán, con su calificación crediticia hundida a la categoría de «bono basura», estaba al borde de la quiebra tras décadas de ejecutivos independentistas que han gastado muy por encima de los ingresos –pese a la elevada presión fiscal–.

Financiación encubierta

La primera inyección del FLA le llegó a Cataluña en 2012, con la creación de este mecanismo extraordinario que se diseñó como algo coyuntural y que ha acabado convirtiéndose en permanente. Doce años después, la Generalitat ha sido incapaz de financiarse por sus propios medios, como por ejemplo hace la Comunidad de Madrid. Con sus destartaladas cuentas, el Gobierno catalán prefiere seguir agarrado a esos créditos del Estado que nunca salda, en vez de atreverse a colocar su deuda en los mercados financieros. Sánchez, que llegó al poder y se mantiene en él gracias a los independentistas, ha convertido el FLA en un chorreo monetario permanente. Así que la Generalitat catalana cada vez le debe más al conjunto de España. Ya le adeuda unos 77.000 millones, y la cifra va a más.

En cualquier operación crediticia, si el prestamista acepta una condonación eso debe ir acompañado, como mínimo, de una exigencia de recuperación del resto del dinero que le debe su prestatario. En este caso, sin embargo, el Gobierno de Sánchez se limita a hablar de condonación, pero ni siquiera ha hecho referencia alguna a qué exigencias va a establecer para que la Generalitat deje de seguir recibiendo dinero del Estado en créditos cada vez más abultados que en realidad nunca salda con las arcas públicas españolas.

El presidente del Gobierno ha emplazado a una reunión en enero para hablar de cómo articular esa condonación de deuda de Cataluña y fijar a cuánto va a ascender. Con esos alrededor de 77.000 millones que la Generalitat le debe al Estado, condonarle un 20% supondría perdonarle en este momento no menos de 15.000 millones. Y mientras tanto, le sigue dando más préstamos que, por esto mismo, se convierten en dinero transferido a fondo perdido en una suerte de financiación encubierta que cae sobre las espaldas del resto de España y que coloca en situación de acusada inferioridad a las demás autonomías del llamado régimen común, que son todas excepto el País Vasco y Navarra, que disfrutan de sus privilegiados regímenes forales, modelo éste que es al que aspira el independentismo catalán.