Sánchez preguntó a Armengol en Moncloa si está limpia y ella respondió: «Mi gestión en Baleares fue impecable»

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa para abordar los indicios de corrupción por los contratos de mascarillas fake a la empresa de la trama del caso Koldo. El jefe del Ejecutivo le preguntó personalmente si estaba limpia y ella respondió tal como ha podido saber OKDIARIO: «Mi gestión en Baleares fue impecable».

La dirigente socialista y tercera autoridad del Estado defendió ante el líder del PSOE la legalidad total de sus trámites para conseguir material sanitario en el arranque de la pandemia. Aseguró que era inocente a pesar de las diligencias judiciales abiertas en la Audiencia Nacional tras las pesquisas iniciales de la Fiscalía Europea, que se hizo cargo del caso al comprobar que había fondos europeos detrás de los encargos a Soluciones de Gestión SL.

El encuentro se desarrolló hace semanas. Es un momento crucial para la carrera política de Armengol. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe demoledor sobre la compra de mascarillas defectuosas durante la pandemia que, según sabe OKDIARIO, será presentado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional antes de que concluya el verano.

La reunión se celebró en las instalaciones presidenciales lejos de miradas indiscretas, tal como ya hizo con otros dirigentes salpicados en el caso, como Santos Cerdán que lleva dos semanas entre rejas. Armengol trasladó a Sánchez su preocupación por el tratamiento del caso y ha defendido la legalidad de todas las adjudicaciones realizadas durante su mandato.

El documento que prepara la UCO se centrará en la adquisición de 1,4 millones de mascarillas FFP2 por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL en 2020. El material sanitario resultó ser fraudulento y nunca se utilizó, según consta en la documentación judicial.

La investigación ha identificado múltiples irregularidades en el proceso de contratación. La primera anomalía es que el Ejecutivo de Armengol pagó de una tacada a la empresa clave de la trama del caso Koldo los 3,7 millones sin haber formalizado tan siquiera el contrato para su compra.

Los investigadores han documentado mensajes de WhatsApp entre Armengol y Koldo García. En uno de ellos, el ex asesor ministerial hoy investigado le escribió: «Perdona que te moleste. Por favor, ¿puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado y así mejor es que los vuelos los tienes jodidos? Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre», junto a emoticonos de corazoncitos.

La respuesta de Armengol fue clara: «Mañana tengo la votación del presupuesto y será tarde. No puedo asegurar poder comer con ellos».

Irregularidades palmarias

El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) actuó con una negligencia palmaria. Dio el visto bueno el 12 de agosto de 2020 a las mascarillas a pesar de que ya había recibido en junio los resultados de los análisis, constatando que el material adquirido no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.

El Govern de Armengol tardó tres años en iniciar las gestiones para reclamar el dinero. No emprendió los expedientes para reclamar el dinero desembolsado por las mascarillas fake hasta julio de 2023, tres años después, al filo de las elecciones regionales que perdió frente al PP de Marga Prohens.

En marzo de 2024, la Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre la red de corrupción en el PSOE que ya ha llevado a Santos Cerdán a prisión. Los agentes de la UCO estuvieron en abril del año pasado en la sede del IB-Salut en Palma hasta entrada la madrugada para revisar la documentación.

La empresa Soluciones de Gestión, que nunca antes había suministrado material sanitario al IB-Salut, forma parte de la trama investigada por sus conexiones con Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes.

Segunda contratación sospechosa

Existe otra investigación paralela sobre la adjudicación de un contrato por 10,4 millones para la construcción de la residencia de Son Dureta a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). El dueño de esa empresa, José Ruz, le pagaba una «pensión» mensual de 2.600 euros a José Luis Ábalos, según el último informe de la UCO.

Ruz mantuvo estos pagos entre noviembre de 2022 y junio de 2023. El dinero discurría desde las cuentas de la constructora valenciana hasta los bolsillos de Ábalos y su ex asesor Koldo García, quien se quedaba con 1.100 euros de los 2.600 totales.

La construcción de la residencia de mayores de Son Dureta quedó interrumpida cuando la empresa presentó la quiebra. Las obras fueron abandonadas en enero de 2024, con el 35% de los trabajos sin hacer, lo que generó una gran polémica.

Negaciones categóricas

Armengol ha negado reiteradamente conocer los detalles de esta contratación. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso en el Congreso, alegó que «como presidenta del Gobierno de Baleares, no estaba, evidentemente, en ningún expediente de contratación ni en ninguna compra». Los whatsapps con Koldo García, empleado de Levantina, podrían dar al traste con su carrera política.

También negó conocer al empresario José Ruz: «No conozco a ese señor, no he hablado con él en mi vida. Sólo sé quién es por los medios de comunicación. Ese señor, que es de una empresa, Levantina, si no voy mal, había venido alguna vez… No, tajantemente, no le conozco de nada».

Sin embargo, no sería la primera vez que miente. Dijo no conocer a Víctor de Aldama, jefe de Soluciones de Gestión SL, pero sí se vio con él en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia balear, junto a otro empresario.

El encuentro entre Sánchez y Armengol en Moncloa evidencia la gran preocupación en el PSOE por las ramificaciones de un escándalo que amenaza con convertirse en el epitafio político de la tercera autoridad del Estado, mientras la justicia prepara su veredicto final sobre una gestión que ella considera «impecable» pero que los investigadores calificarán de forma diferente.