Sánchez obligado a gobernar a golpe de decreto para superar el bloqueo del Congreso

Pedro Sánchez se prepara para gobernar vía real decreto para sortear un Congreso, y un Senado, en contra.

Sin poder en la Mesa del Congreso y del Senado, al nuevo presidente se le complica extraordinariamente cualquier opción de sacar sus iniciativas adelante.

El PP las preside ambas. En el caso del Congreso, ‘populares’ ocupan tres de los nueve puestos. Y el resto se reparten entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, cada uno con dos representantes. Es decir, cualquier alianza PP-Ciudadanos frenaría la iniciativa legislativa del nuevo presidente.

El segundo handicap es el Senado, por donde deben pasar todas las leyes en su tramitación y donde los ‘populares’ gozan aún de mayor libertad de acción, con su mayoría absoluta. 

El PP controla las mesas del Congreso y del Senado, órganos que deciden sobre la tramitación de las iniciativas.

Disponer de mayoría, con Ciudadanos, en el Congreso permite, por ejemplo, que el PP torpedee las iniciativas ralentizando al máximo su tramitación, por ejemplo, con la ampliación de enmiendas. De esta forma, puede que Sánchez no logre sacar adelante ninguna iniciativa durante su mandato, si cumple la previsión de convocar elecciones antes de que finalice oficialmente la legislatura.

Ambos partidos podrían mantener también bloqueadas las proposiciones socialistas que, en su día, fueron vetadas por el Gobierno alegando que supondrían un gasto excesivo para las arcas públicas. En el Senado, los ‘populares’ pueden introducir las enmiendas que consideren y dilatar también los plazos. Si los textos son enmendados, el Congreso tendrá que votarlos de nuevo y Sánchez precisará de una mayoría para revertirlo.

«Extrema urgencia y necesidad»

Con este panorama, la salida más cómoda para Sánchez -con todos sus riesgos- sería gobernar por la vía del real decreto. Una decisión controvertida, porque traslada la percepción de un gobierno que legisla a golpe de mando y buscando esquivar el control del Congreso.

El procedimiento es, en este caso, más simple para el Ejecutivo, que podría sortear cualquier veto de la Mesa en caso de que alegue «extrema urgencia y necesidad» para impulsar determinadas medidas.

Esta fórmula se recoge en el artículo 86 de la Constitución, donde se establece que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes».

El decreto ley tiene que ser avalado por mayoría simple del Congreso, pero permite sortear a la Mesa.

Solo se establece como salvedad que estos «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».

Mayoría simple en el Congreso

A continuación, y en el plazo máximo de un mes siguiente a su promulgación, los decretos «deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados». «El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario».

En este sentido, el reglamento del Congreso fija el procedimiento para la convalidación:  el debate comienza con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación del decreto-ley, teniendo el resto de grupos quince minutos de duración con turnos a favor y en contra, seguidos de la fijación de posición por los demás grupos parlamentarios en intervenciones que no excedan de diez minutos.

«El acuerdo se alcanza por mayoría simple y se reduce a un sí o no sobre la totalidad del decreto-ley, sin que quepa introducir modificaciones en el mismo». En este caso, Sánchez podría contar con la mayoría a su favor que le apoyó en la moción de censura.

El PSOE sabe lo dificilísimo que resultará mantener pulso legislativo en este mandato. Lo que sí podrá evitar es el veto que el Gobierno imponía a sus iniciativas, como facultad propia del Ejecutivo.

Los socialistas se centrarán en impulsar algunas medidas sociales de calado, sobre todo relacionadas con la igualdad, para lo que Sánchez contará con un ministerio específico.